El sistema de control externo argentino contempla los aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos de la Administración Central. Se inicia con los informes que elabora la Auditoría General de la Nación (AGN). Estos informes pasan al Congreso, específicamente a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, integrada por senadores y diputados. En esta instancia, se analizan para luego ser aprobados por el pleno del Congreso, quien ordena al Ejecutivo adecuar sus prácticas conforme a las observaciones de la AGN.
Todo este mecanismo sufre de diversas falencias, concentradas principalmente en la Comisión Parlamentaria. Una de las trabas es la no imposición de plazos, que conlleva una dilación del control y limita la posibilidad de su efectividad.
Por otra parte, la Comisión está integrada en su mayoría por miembros del Partido Justicialista, lo que significa que el controlante es del mismo signo político que el controlado.
Entre muchas otras deficiencias, el informe de ACIJ también destaca la falta de publicidad de sus reuniones, la escasa apertura de los integrantes de la Comisión a la sociedad civil y un reglamento irregularmente aprobado, que le otorga facultades excesivas e infringe derechos ciudadanos.
La ejecución y control de los recursos públicos juega un rol clave en el sistema democrático. Por ello, es necesario reforzar los mecanismos que velan por el cumplimiento de las leyes y fortalecer la responsabilidad de los funcionarios involucrados. Asimismo, la publicidad de los actos de gobierno se completa con mecanismos eficientes de control, para que la ciudadanía pueda analizar la gestión de los recursos públicos.