El precio de la ineficiencia y el descontrol (La Nación)

A penas despuntaba el año 1999 cuando un apagón que dejaba a 600.000 usuarios de Edesur en penumbras durante días, paradójicamente, echaba luz sobre el talón de Aquiles del esquema de servicios públicos privatizados a lo largo de esa década: la deficiencia en los sistemas de control diseñados y ejercidos por los entes reguladores sobre las empresas. El apagón parecía así una dramática metáfora de las consecuencias que derivan de los incumplimientos privados y la ausencia de controles estatales.

Pasaron diez años desde aquel verano, pero la actual controversia alrededor del desmesurado cargo fijo sobre las facturas de gas, pensado para financiar las eventuales importaciones que deban realizar las empresas del sector, reactualiza una vez más entre los usuarios aquella sensación de desprotección que, siempre latente, se reactiva con cada nuevo tarifazo, cada nueva amenaza de escasez del suministro de gas o electricidad o cada colapso del transporte público.

Los argentinos están pagando sus servicios públicos a un costo altísimo. Y el precio no sólo se mide en términos económicos. ¿Cómo cuantificar, por ejemplo, los trastornos diarios ocasionados por viajar en medios de transporte que padecen serios problemas de infraestructura o servicios; o el peligro para la salud que implica, para millones de argentinos, la falta de acceso a fuentes de agua segura y buenas condiciones de saneamiento?

En momentos en que el crecimiento de la pobreza vuelve a estar en el foco de la atención pública luego de que la Iglesia señalara los niveles escandalosos que está alcanzando en el país, la discusión en torno a la inclusión social de los sectores más postergados también pasa por su posibilidad de acceder a los servicios públicos más esenciales. Estas realidades tienen un correlato social inmediato. Si de economía hablamos, en el país se calcula que hay 13 millones de argentinos que pagan ocho veces más caro el gas que consumen ya que deben abastecerse con garrafas. Y los ejemplos siguen.

Después de la crisis de 2002, la ley de emergencia pública dispuso, entre otras medidas, la renegociación de los contratos de obras y servicios públicos hasta entonces dolarizados. Pero ¿qué pasó desde entonces? No mucho en verdad. De los 52 contratos de servicios públicos a renegociar, cinco fueron rescindidos, sólo tres se renegociaron de manera más o menos transparente y la forma en que el resto lo ha hecho es duramente cuestionada por la Defensoría del Pueblo de la Nación, a través del informe "Renegociación y estado de los servicios públicos", presentado el año último.

Se trata de un análisis exhaustivo sobre cada rubro que sostiene que la manera en que se renegociaron los contratos es inconstitucional y ha transformado a los usuarios en "rehenes", en tanto que los empresarios son denunciados como "cómplices" del Estado nacional.

"El estado de los servicios públicos a partir de la aplicación de este modelo se encuentra deteriorado. Ni siquiera la intervención del Estado en la prestación de los mismos ha mejorado significativamente su calidad", puede leerse en sus conclusiones.

El trabajo también consigna que el servicio ferroviario de pasajeros, al transporte automotor y al sistema eléctrico nacional han sido los rubros más subsidiados en todo ese proceso. "En el mundo también se estila subsidiar a los servicios públicos, pero apuntando siempre a mejorar la equidad y la eficiencia. Lo que nosotros objetamos es la falta de transparencia en su otorgamiento", explica Anselmo Sella, a cargo de la Defensoría desde la salida de Eduardo Mondino.

"Si se evalúa la calidad de los servicios que teníamos en la década del 80 con la que tenemos hoy, no tengo dudas de que se avanzó. Pero tampoco tengo dudas de que no se avanzó lo suficiente." El que habla es Marcelo Celani, economista y profesor de la Universidad Di Tella, quien cree que hoy la inversión de las empresas privatizadas está orientada únicamente a mantener el funcionamiento del capital existente.

"La inversión que tiene un alto valor social, la que permitiría llegar a aquellos a los que todavía no se ha llegado, esa está pendiente. Por tres motivos: no tenemos un marco regulatorio que imponga reglas claras, la tarifa dejó de reflejar para el inversionista la posibilidad de obtener un rendimiento razonable y también es un factor nuestro riesgo país. Aunque no es una cuestión exclusiva de los servicios públicos, es real que la Argentina, desde lo macroeconómico, no ofrece condiciones de estabilidad como las que ofrecen Brasil, Chile o Uruguay", agrega el especialista.

El porcentaje de habitantes que todavía esperan ser algún día usuarios de los diferentes servicios públicos varía según la fuente consultada. En la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, por ejemplo, estiman que 45 por ciento del total de hogares del país todavía espera una cloaca, un 15 por ciento agua potable, un 4 por ciento, energía eléctrica y un 35 por ciento, gas de red. La falta de acceso a los servicios esenciales es la cara más dramática de la precaria situación actual. Excluye y perpetúa situaciones de pobreza.

En materia hídrica, la página del ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (Enohsa) detalla cuáles son las comunidades más afectadas: el Conurbano encabeza la lista, con partidos como Malvinas Argentinas, Merlo, José C. Paz, San Miguel, Pilar y Florencio Varela en situación crítica. Le siguen ciudades como Santa Fe, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, General Rodríguez, Posadas y San Miguel de Tucumán, Rosario y Mendoza, etc.

En materia de saneamiento, los más afectados son los centros urbanos de Córdoba y Rosario, con más de 1.650.000 habitantes sin cobertura, así como las localidades bonaerenses de Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas y Florencio Varela con más de 1.560.000 habitantes sin servicio de desagües cloacales, y San Miguel de Tucumán (420.000 habitantes), San Juan (366.000), La Plata (318.000) y Santa Fe (287.000).

Por tratarse de un recurso natural, la gestión de los recursos hídricos le corresponde a las provincias. En total, son más de 1500 las empresas y organismos que brindan servicios de agua potable y saneamiento, aunque con resultados dispares.

"No todas las provincias cuentan con recursos para tratar adecuadamente los desechos orgánicos. Y lo que ocurre con mayor frecuencia de lo que se quiere pensar es que esos desechos terminan arrojados en las mismas fuentes de las que después toman el agua", denuncia Sella, de la Defensoría del Pueblo quien reclama una política nacional de agua que establezca metas y prioridades.

Por supuesto que la falta de acceso a fuentes confiables en materia de agua y saneamiento ocasiona algo más que trastornos en la vida cotidiana. Los efectos sobre la salud son directos. En numerosos partidos del Conurbano son frecuentes los trastornos ocasionados por beber agua con presencia de arsénico, metal que, ingerido en dosis bajas durante largos períodos de tiempo, puede producir lesiones y cáncer de piel, enfermedades vasculares, alteraciones en el sistema nervioso y cáncer en otros órganos, según explicita un informe de la Asociación Argentina de Medicina Ambiental.

El trabajo también señala que provincias como Chaco, Formosa, Jujuy y Salta tienen tasas de mortalidad infantil ocasionada por enfermedades infecciosas intestinales que son más de diez veces superiores al promedio nacional.

Lo que dejó la crisis

Pero el hecho de que la crisis de 2002 haya dejado en suspenso las obras de ampliación necesarias para llegar en forma más eficiente y a una mayor cantidad de usuarios es apenas una de las tantas evidencias de los estragos que ha causado. La precarización del hábitat de millones argentinos que viven en condiciones de extrema pobreza, así como el caótico crecimiento de los centros urbanos, son factores que complican aún más el panorama.

Las cifras abruman: el número de villas de emergencia y asentamientos se triplicó en el conurbano entre 2001 y 2006, de acuerdo con el informe "Fuerte inequidad urbano-rual en el acceso al agua y saneamiento", del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec). Y el efecto que esta presión habitacional ejerce sobre los servicios públicos se ve reflejado en las conclusiones del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, que estima para el período 2004-2008 que uno de cada tres hogares en las ciudades que superan los 200.000 habitantes no posee, por lo menos, un servicio residencial básico: agua potable, luz eléctrica o red de gas, debido a que el barrio en el que reside no tiene acceso a ese servicio. El 15 por ciento de estos hogares carece de dos servicios, en tanto que, en los estratos más bajos, la carencia de algún servicio alcanza al 70 por ciento de las viviendas.

 "Desde 2003 en adelante, todas las políticas que se aplicaron para los sectores más desfavorecidos fueron un fracaso absoluto. O no se implementaron o fracasaron.

No hay un régimen efectivo de tarifa social para gas y luz, a pesar de que ambos sufrieron grandes aumentos", denuncia Celina Giraudy, abogada del equipo de servicios públicos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

El plan de la garrafa social, que estuvo vigente entre 2003 y 2008, es un claro ejemplo: se instalaron 624 puntos de venta para abastecer a más de tres millones de hogares. Las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa carecen por completo de tendidos de gas. La provincia de Chaco, por ejemplo, con casi un millón de habitantes -un tercio de ellos con necesidades básicas insatisfechas-, contaba con poco más de veinte puestos de venta diseminados por todo el territorio. Es decir, muy distantes uno de otro.

 "Desde hace un año, gracias a la acción conjunta de esta subsecretaría, la secretaría de Comercio y el Enargas, discontinuamos aquel programa por otro llamado "Garrafa para todos", un programa que, como su nombre lo indica, allana las deficiencias del anterior", explica María Lucila "Pimpi" Colombo, actual subsecretaria nacional de defensa de los consumidores, quien, a diferencia de las asociaciones de los consumidores, de otras organizaciones civiles y de la Defensoría del Pueblo, no cuestiona el actual tarifazo del gas. "Vemos que el cargo respeta el criterio de equidad, pero estamos a disposición de los usuarios si alguno tiene alguna duda o reclamo al respecto", afirma. "A nosotros no nos corresponde cuestionar nada porque somos parte del Gobierno. En todo caso, nos corresponde acompañar a los usuarios y difundir cualquier medida útil para ellos", añade.

La funcionaria, designada por el Gobierno para defender los intereses de los consumidores, también aprueba la gestión de los entes reguladores. "No me corresponde cuestionarlos. Además, yo miro la película, no sólo un cuadro, y la realidad es que en los últimos tiempos no hubo cortes de gas o de electricidad."

Esta posición no es compartida, sin embargo, por las asociaciones civiles de defensa de los consumidores. "Desde que existen los órganos de control, nunca funcionaron. Los cargos se completaron excepcionalmente por concurso y las designaciones estuvieron marcadas por variables como el amiguismo en lugar de la idoneidad. Hace unos cinco años Fulvio Madaro era interventor de la Comisión Nacional de Comunicaciones, hasta que algunas denuncias de corrupción derivaron en su alejamiento. Sin embargo, lo premiaron nombrándolo en el Enargas. Y tiempo después vendría el escándalo de Skanska", reflexiona Horacio Bersten, de la Unión de Usuarios y Consumidores.

Al día de hoy, tanto el ente regulador del gas como los de las comunicaciones y el transporte continúan intervenidos por el Gobierno, según se desprende de un relevamiento efectuado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

"Los entes han terminado siendo funcionales a las circunstancias políticas: no tienen una agenda propia sino que, la que tienen, está condicionada por las políticas del momento", sostiene Marcelo Celan, de la Universidad Di Tella.

La política del momento, que hoy sostiene el tarifazo del gas, determinó antes la reestatización de algunos ramales ferroviarios, el Correo Argentino y Aguas Argentinas, sin que mejoraran las prestaciones.

 © LA NACION

 Cifras polémicas

Esperan por ser usuarios: El 45% de los hogares del país carece de cloacas, el 15% de agua potable, el 35% no tiene gas proveniente de red y un 4% no cuenta con energía eléctrica.

Provincias completas sin red de gas: Las provincias de Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa no cuentan con tendidos de gas. En todo el país, la falta de gas afecta a 13 millones de personas.

Sin servicios esenciales: Entre 2004 y 2008, en las ciudades de más de 200.000 habitantes, uno de cada tres hogares carecía de un servicio básico, y un 15%, de dos.

Menos del diez por ciento: De los 52 contratos a renegociar después de la crisis de 2002, sólo tres fueron renegociados de manera más o menos razonable, según la Defensoría del Pueblo.

Por Lorena Oliva

 La Nación