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El gobierno porteño da la espalda al creciente déficit nutricional de la Ciudad

En Noviembre de 2007, ACIJ presentó una demanda ante los tribunales porteños contra el Gobierno de la Ciudad, a fin de que se lo obligue a dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 105: “Elaborar y mantener actualizado el mapa diagnóstico de la situación alimentaria y nutricional de la Ciudad de Buenos Aires y remitirlo bimestralmente a la Legislatura de esta Ciudad”. En Junio de 2008 el juez Guillermo Treacy dictó sentencia definitiva haciendo lugar a la demanda, y en el mes de Noviembre, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario confirmó la sentencia de primera instancia.

Sin embargo, la Administración local, en lugar de implementar finalmente la Ley Nº 105 optó por apelar la resolución judicial, rehusándose a elaborar el diagnóstico previo y permanente que toda Política Alimentaria requiere. Asimismo, el Gobierno proyecta para el próximo año, no asignar presupuesto específico a los programas y/u organismos encargados de realizar la planificación alimentario-nutricional estratégica e integral, evaluaciones periódicas, mecanismos de seguimiento y monitoreo, educación vinculada al tema, etc.


En el Proyecto de Presupuesto elaborado por el Gobierno porteño para el próximo año 2009, a la Unidad de Proyectos Especiales de Políticas Intersectoriales Sobre Riesgo Nutricional (UPE) se le ha quitado la partida presupuestaria de la que dispuso durante el 2008. Mientras que el Programa de Vigilancia Nutricional, continúa sin gozar de una partida presupuestaria específica.

Frente a dicha situación, con el propósito que se comience a remediar la problemática nutricional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia propone:

• Dar cumplimento inmediato y regular a la sentencia judicial que manda al Gobierno de la Ciudad a implementar la Ley Nº 105.
• Restituir la partida presupuestaria a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) de Políticas Intersectoriales Sobre Riesgo Nutricional atendiendo las necesidades actuales.
• Asignar una partida presupuestaria específica y suficiente al Programa de Vigilancia Nutricional