El Estado no debe abandonar a quienes alquilan

La Cámara de Diputados de la Nación decidió darse 30 días de trabajo, en la Comisión de Legislación General, para debatir la Ley N° 27.551 que lleva menos de dos años desde su sanción. Distintos representantes del mercado inmobiliario, intentan construir un relato respecto a que la sanción de la normativa es la culpable de un conjunto de problemas que afectan de manera general a la economía argentina. Así, explican que una ley sobre la que no se controló su implementación sería la causante de los problemas de vivienda que afectan a millones de personas que alquilan.

Sin embargo, cuando escuchamos las modificaciones propuestas por el mercado inmobiliario queda claro que el objetivo es eliminar las protecciones y derechos mínimos que garantiza la ley. Por eso, promocionar la derogación de esta ley en una falsa representación de los intereses de quienes alquilan es una gran trampa. Queremos decirlo bien claro: derogar o suspender la Ley de Alquileres no va a bajar el precio de los alquileres, va a significar más desprotección para las personas que alquilan.

No hay datos oficiales que demuestren el impacto de la Ley de Alquileres en el mercado; los datos que circulan provienen de un sector interesado en que se modifique la legislación. No existe tampoco información confiable que indique que la caída de la oferta es el resultado de la norma. Incluso hay estudios que muestran que esa caída es un fenómeno que comenzó antes de la puesta en marcha de la ley. Insistimos: no hay ninguna razón que pueda fundamentar que la ley actual no funcionó, ya que apenas comenzó a implementarse parcialmente y el Estado no avanzó en sus actividades regulatorias, delegándolas en la “buena voluntad de las partes”. También es falso sostener la existencia de un consenso sobre la idea de que la ley no funciona. Esa afirmación excluye la posición inquilina, que exige pagar menos y frenar los abusos del sector inmobiliario a la hora de firmar un contrato de alquiler que cada vez se aleja más del plazo y los precios de la legislación vigente.

La solución es más protección, más derechos y mayor involucramiento del Estado en garantizar acceso a la vivienda en alquiler. Por tanto, atendiendo la particular situación inflacionaria global, la falta de alternativas para los hogares no propietarios, la obligación de progresión en cuestión de derechos y las medidas que los Estados internacionalmente deciden para proteger el alquiler de vivienda ante el empobrecimiento general de la población, proponemos:

• Regular el precio inicial del alquiler de vivienda.
• Garantizar un plazo mínimo de tres años de duración de la
  locación de vivienda.
• Disponer un mecanismo público de actualización anual
  ajustado a la capacidad de pago de los hogares inquilinos.
• Crear un sistema público de garantías.
• Generar vivienda pública en alquiler con valores
  desacoplados del mercado.
• Crear un organismo ejecutivo de regulación y control de las
  relaciones de alquiler.
  La propuesta nunca puede ser un mercado desregulado, sino
  un Estado presente, garante de derechos y responsable de
  implementar políticas públicas que efectivicen el derecho a la
  vivienda del conjunto de su población.

La Mesa por los Derechos de les Inquilines es un espacio multisectorial de reflexión, discusión y acción para hacer que el alquiler sea un modo adecuado de acceso a acceso a la vivienda. Está integrada por múltiples organizaciones e instituciones que buscan sumar una voz al debate público que priorice los derechos de les inquilines, estructuralmente vulnerados en un contexto de creciente déficit habitacional y desregulación del mercado de vivienda.

Está integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) – NI UNA MENOS – Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) – Federación de Inquilinos Nacional – Programa de Atención a Inquilinos, Defensoría del Pueblo CABA –  Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP) – Cátedra Derecho a la Vivienda, Universidad Nacional de Avellaneda –  Coordinación de Alquileres, PBA –  Ariel Wilkis y Florencia Labiano, Escuela IADES UNSAM – Sebastián Tedeschi, profesor Facultad de Derecho, UBA; entre otros/as.