El desarrollo económico de las villas está en riesgo por la ley aprobada por la Legislatura porteña

En el día de ayer, la legislatura porteña aprobó la “Ley de Integración Productiva e Impulso al Trabajo en Barrios Populares”, un proyecto impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA). El proyecto se presentó como una oportunidad para promover el desarrollo económico de los barrios populares en proceso de reurbanización. Sin embargo, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advertimos que esta ley puede tener graves implicancias para el desarrollo productivo de emprendimientos que ya existen en estos barrios. Entre los puntos más alarmantes, la normativa no brinda herramientas concretas para preservar  los comercios locales y no garantiza la generación de empleo para las y los vecinos. 

En primer lugar, la ley carece de instrumentos concretos para conservar y promover las actividades productivas que ya funcionan en los barrios populares y a los vecinos y vecinas que llevan adelante emprendimientos económicos. Aunque algunas políticas en ese sentido están siendo llevadas adelante por el GCBA en barrios populares, se omite cualquier medida de ese tipo en la normativa. Concretamente, quienes se ven beneficiados con exenciones impositivas son las grandes empresas y grupos inversores, de un amplio espectro de rubros que son incluídos sin priorización ninguna. Se deja así en una situación desventajosa a las y los comerciantes y emprendedores productivos de los barrios populares, sobre los que nada dice la legislación.

El incentivo a la inversión por parte de grandes grupos corporativos para fomentar la inclusión urbana y económica de los barrios populares al resto de la ciudad, debería incluir planes de fomento, fortalecimiento y beneficios muy concretos para quienes ya tienen comercios y proyectos productivos en el barrio. 

En segundo lugar, la ley aprobada no se ha trabajado con los y las residentes de los barrios populares ni ha llevado a discusión los órganos institucionales previstos por ley para tomar este tipo de decisiones. Recuperar la voz, expectativas y necesidades de quienes impulsan el comercio y el desarrollo económico en los barrios es fundamental para generar una norma que pueda impactar de manera positiva en la integración económica de los mismos. 

Por último, si bien la ley prevé un porcentaje mínimo de empleados y empleadas que deberán residir dentro del barrio donde se asienta una nueva empresa, también establece excepciones al cumplimiento de esta disposición cuando las y los beneficiarios “acrediten que no pueden cumplir con ese requisito”. Este mecanismo pareciera no ser suficiente para asegurar que la creación de este distrito fortalezca e impulse el trabajo entre la población de barrios populares, objetivo que enuncian quienes impulsaron la ley. 

Toda acción de reurbanización, antes de la promoción a inversiones y oportunidades de desarrollo para empresas externas al barrio, requiere conocer cuáles son las actividades económicas y productivas, realizadas dentro, en las inmediaciones y fuera del mismo, generando a partir de ese diagnóstico acciones que permitan su permanencia y crecimiento. En este sentido, no hay urbanización ni mejoramiento posible, si se afectan negativamente los emprendimientos productivos y comerciales existentes que permiten la reproducción económica de la población.