El Congreso debe debatir cuanto antes una nueva Ley de Integridad y Ética Pública

A partir de la elaboración participativa de un anteproyecto de Ley de Integridad y Ética Pública liderado por la Oficina Anticorrupción, organizaciones de la sociedad civil enviamos comentarios y sugerencias sobre el proyecto y le pedimos al Poder Ejecutivo que avance en su envío al Congreso a la brevedad, para dar comienzo a un debate muy necesario. Accedé al documento.

La vigente Ley de Ética Pública (n° 25.188), sancionada en el año 1999, significó un avance muy relevante en materia de prevención de la corrupción en Argentina. Sin embargo, desde hace años organizaciones y especialistas reclamamos la necesidad de una adecuación que le devuelva eficacia. A pesar de iniciativas de distintos gobiernos y bloques partidarios en el Congreso, el debate nunca avanzó y se vuelve cada vez más necesaria una nueva ley a la altura de los desafíos actuales.

En este contexto, la Oficina Anticorrupción publicó a finales de 2021 un anteproyecto de ley que fue sometido a consulta pública. Con la finalización de este proceso participativo, esa oficina remitió el proyecto a la Secretaria Legal y Técnica para su envío al Congreso.

Por esta razón, desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Democracia en Red, Directorio Legislativo, Escuela de Fiscales, la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), Nuestra Mendoza, Poder Ciudadano y Salta Transparente enviamos una nota a la Secretaria Vilma Ibarra,  en la que le solicitamos que el proyecto sea enviado a la brevedad al Congreso de la Nación. Asimismo, también enviamos algunas consideraciones y propuestas de mejora del texto. 

Entre estos comentarios, destacamos que el proyecto toma muchas de las demandas y consensos que la sociedad civil organizada, la academia y otros actores del sistema de integridad vienen impulsando desde hace años. A su vez, recepta estándares y adopta recomendaciones de buenas prácticas de organismos internacionales, particularmente en temas de declaraciones juradas patrimoniales, conflictos de intereses, regulación de limitaciones posteriores al ejercicio de la función pública, antinepotismo, y registro de gestión de intereses, entre otros.

También señalamos que el proyecto podría ser mejorado en diversos aspectos. En este sentido, el documento enviado contiene propuestas específicas respecto al concepto de función pública, a la definición de funcionario o funcionaria, a la definición de integridad, a los mecanismos de control de la ley, y al fortalecimiento de la independencia de las autoridades de aplicación.

A más de veinte años de la vigencia de la ley 25.188 resulta imperativo discutir un nuevo sistema de integridad pública que prevenga eficazmente la corrupción y así aumente los niveles de confianza y legitimidad del Estado, el desempeño de las y los funcionarios públicos, así como las herramientas de rendición de cuentas. 

El proyecto resulta una excelente oportunidad para dar comienzo a una discusión amplia y robusta, que incluya a todas las personas interesadas, para lograr una ley de Integridad y Ética Pública modelo a partir de los mayores consensos posibles en el ámbito del Congreso.