El acceso a las declaraciones juradas de la Corte Suprema

La decisión de la Corte se trata de un hecho histórico, que sienta un precedente de mucha importancia para la agenda de transparencia y acceso a la información pública en el Poder Judicial. Sin embargo, tal como fue entregada, la información no permite un control adecuado de la evolución patrimonial ni de potenciales conflictos de intereses o conductas inadecuadas de las/os Ministras/os, algunos de los objetivos que debe cumplir cualquier régimen de publicidad de declaraciones juradas patrimoniales.

En esta oportunidad fueron entregadas las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2015, 2016 y 2017, a pesar de que el pedido comprendía la totalidad de la información sobre cada Ministra/o desde su asunción en el cargo. Asimismo, las correspondientes al año 2018 aún no fueron presentadas.

ACIJ realiza desde hace años pedidos para acceder y publicar las declaraciones juradas de funcionarios/as públicas/os de todos los poderes del Estado. En el caso de la Corte Suprema, esta información se viene solicitando desde octubre del año 2012, sin que la Corte respondiera los requerimientos en forma satisfactoria hasta esta oportunidad.

Luego de la sanción de la ley 26.857 sobre el carácter público de las declaraciones juradas, en el año 2014 la Corte dispuso la creación de un formulario on line para quienes quisieran pedir esta información sobre sus integrantes, pero no puso en funcionamiento efectivo el sistema. ACIJ advirtió a la Corte y a sus integrantes sobre esta situación en diversas ocasiones. Recientemente, en una carta enviada a su actual presidente al momento de su asunción como tal en octubre del año 2018, se le requirió avances en este tema, como parte de una agenda de transparencia y apertura. 

El 15 de febrero pasado ACIJ presentó por escrito un pedido de acceso a la información pública -invocando ahora los términos de la Ley n° 27.275-, solicitando por esta vía las declaraciones juradas de la totalidad de las/os integrantes de la Corte desde sus respectivas asunciones en el cargo. El pedido fue rechazado y la oficina encargada de la respuesta expresó que las declaraciones juradas debían ser requeridas exclusivamente a través del formulario web -aquel que no funcionaba-, lo que motivó el reclamo ante el presidente de la Corte Suprema (a pesar de este rechazo, el juez Rosatti respondió el pedido indicando que sus declaraciones juradas ya se encontraban disponibles en su sitio web personal).

Finalmente, el pasado lunes 24 de junio la Corte resolvió, con la firma de todas/os sus integrantes, que las declaraciones juradas debían ser entregadas, basada en que la denegación de la solicitud colocaba a ACIJ en la imposibilidad de satisfacer su pedido, en violación de los principios de publicidad y transparencia.

Luego de dos semanas, el 10 de julio de 2019 se realizó una audiencia entre la Dirección de Relaciones Institucionales de la Corte Suprema y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en la que fueron entregadas las Declaraciones Juradas Patrimoniales de sus cinco integrantes correspondientes a los períodos 2015, 2016 y 2017. Las declaraciones entregadas se limitan exclusivamente a los formularios correspondientes a las declaraciones impositivas de ganancias y bienes personales, sin que se haya hecho pública el resto de la información a cuya publicidad obliga la Ley de Ética Pública. 

La publicidad de las declaraciones juradas de quienes ejercen cargos de relevancia en el Estado es fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de sus funciones y la administración de los recursos públicos. Esta herramienta es reconocida como una de las más efectivas para prevenir y controlar casos de corrupción y conflictos de intereses, motivo por el cual es una obligación presente en la mayoría de las legislaciones a nivel mundial y es impulsada por numerosos organismos internacionales.

Por todos estos motivos, las declaraciones juradas son un instrumento de mucha utilidad para garantizar la independencia judicial y la legitimidad de juezas/ces, más aún cuando se trata de las/os integrantes del máximo tribunal del país.

Para que este mecanismo sea efectivo, es necesario que las declaraciones patrimoniales sean un reflejo fiel y detallado de la situación patrimonial del/la funcionario/a público/a y de su entorno familiar más cercano durante todo el período en el que duren sus funciones. De lo contrario, es imposible que cumplan con sus objetivos adecuadamente.

A partir de la entrega de las declaraciones juradas, la Asociación Civil elaboró un documento explicativo de la legislación aplicable a su publicidad, el camino para que finalmente fueran presentadas, algunos comentarios sobre las limitaciones de la información disponible, y, por último, un análisis de los datos contenidos.

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