Dentro de las crecientes tensiones que se enmarcan en un contexto político conflictivo, la Justicia no parece haber saldado sus deudas con la sociedad en materia de vocación de servicio y compromiso por una mayor eficacia del sistema. En un eficiente informe, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a través de su Programa de Fortalecimiento Institucional, ha puesto en marcha una investigación sobre el fenómeno de la corrupción, haciendo especial hincapié en el control posterior por parte de la Justicia, conscientes del rol limitado que cumple la persecución penal en la lucha contra la corrupción, en la que manifiesta que una vez ocurrido el ilícito, la sanción de los actos corruptos es absolutamente necesaria para acabar con la sensación de impunidad reinante en nuestra sociedad y para desalentar la comisión de nuevos hechos.
“La parálisis de la Justicia frente a los casos de corrupción” es un informe que recoge las opiniones de jueces, fiscales, peritos, abogados defensores, denunciantes, miembros de organismos de control, doctrinarios, especialistas y empleados judiciales acerca de los problemas que detectan en la investigación judicial de la corrupción.
La corrupción ha sido catalogada por las Naciones Unidas como la contracara del progreso, en tanto implica la imposibilidad de utilizar fondos del erario público en las políticas necesarias para la comunidad y conlleva, paralelamente, un deterioro del funcionamiento de las instituciones. Ello es así como consecuencia de que el interés de los funcionarios se concentra en la obtención de beneficios para sí o para terceros, y no en desempeñar como es debido las funciones para las que fueron designados. Además de comprometer la legitimidad de las instituciones públicas, estos actos también traen como consecuencia directa la negación de servicios fundamentales que el Estado está obligado a brindar. Por ello, es necesario recuperar la noción -que impone el orden jurídico- de que quien tiene a su cargo administrar fondos públicos está obligado a rendir cuentas de cada uno de sus actos y que ante todo debe asumir que su función tiene por objetivo el bien común. Asimismo, quien es responsable por la pérdida de fondos del Estado debe responder y reparar el perjuicio causado a la sociedad.
Entre las metas a alcanzar para mejorar la Justicia, es imprescindible la formación de investigadores especializados dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público, promover reformas en el sistema procesal que agilicen la etapa de instrucción, y procurar una mayor transparencia en el accionar de la Justicia en las causas. Haciendo públicas las demoras injustificadas y las maniobras de las partes y funcionarios, puede realizarse un importante aporte para el funcionamiento del Poder Judicial, el fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción.
La Prensa Digital
“La parálisis de la Justicia frente a los casos de corrupción” es un informe que recoge las opiniones de jueces, fiscales, peritos, abogados defensores, denunciantes, miembros de organismos de control, doctrinarios, especialistas y empleados judiciales acerca de los problemas que detectan en la investigación judicial de la corrupción.
La corrupción ha sido catalogada por las Naciones Unidas como la contracara del progreso, en tanto implica la imposibilidad de utilizar fondos del erario público en las políticas necesarias para la comunidad y conlleva, paralelamente, un deterioro del funcionamiento de las instituciones. Ello es así como consecuencia de que el interés de los funcionarios se concentra en la obtención de beneficios para sí o para terceros, y no en desempeñar como es debido las funciones para las que fueron designados. Además de comprometer la legitimidad de las instituciones públicas, estos actos también traen como consecuencia directa la negación de servicios fundamentales que el Estado está obligado a brindar. Por ello, es necesario recuperar la noción -que impone el orden jurídico- de que quien tiene a su cargo administrar fondos públicos está obligado a rendir cuentas de cada uno de sus actos y que ante todo debe asumir que su función tiene por objetivo el bien común. Asimismo, quien es responsable por la pérdida de fondos del Estado debe responder y reparar el perjuicio causado a la sociedad.
Entre las metas a alcanzar para mejorar la Justicia, es imprescindible la formación de investigadores especializados dentro del Poder Judicial y del Ministerio Público, promover reformas en el sistema procesal que agilicen la etapa de instrucción, y procurar una mayor transparencia en el accionar de la Justicia en las causas. Haciendo públicas las demoras injustificadas y las maniobras de las partes y funcionarios, puede realizarse un importante aporte para el funcionamiento del Poder Judicial, el fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción.
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