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¿En qué consiste?
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece en su artículo 24 la obligación de garantizar sistemas educativos inclusivos, en los que todas las personas se eduquen juntas y reciban una enseñanza de calidad. Sin embargo, a más de una década de la entrada en vigor de este tratado, las normas, las políticas y las prácticas predominantes en nuestro país y en nuestra región continúan evidenciando una persistente y sistemática discriminación hacia este colectivo. Muchas niñas, niños y jóvenes con discapacidad son totalmente excluidos de la educación o segregados en escuelas especiales, mientras que otros asisten a escuelas comunes pero sin que estas implementen las medidas de accesibilidad y los apoyos que necesitan. En ese contexto, es fundamental transicionar hacia sistemas educativos en los que todas las personas puedan estar, participar y aprender en igualdad de condiciones, sintiéndose valoradas y adquiriendo herramientas para alcanzar vidas plenas, libres de violencia y discriminación.
