¿En qué consiste?

En las últimas décadas, la tendencia a la captura del Estado por grupos de poder se ha acentuado, y son sumamente limitados los canales institucionales de participación de la ciudadanía en las discusiones acerca de políticas que afectan su acceso a derechos, a pesar de la efervescencia de la movilización política en nuestro país. Al mismo tiempo, la corrupción continúa siendo uno de los fenómenos que más perjudica la calidad de nuestra democracia y la confianza ciudadana en nuestras instituciones públicas, sin embargo el Estado no parece haber hecho esfuerzos suficientes para prevenirla, detectarla, sancionarla y evitar que se vean afectados los recursos públicos que se precisan para satisfacer los derechos del conjunto de la población. Por esta razón es necesario fortalecer los marcos normativos destinados a atacar los fenómenos de captura del Estado y la corrupción, acompañados a su vez de políticas públicas eficaces para alcanzar estos fines y dotar a la ciudadanía de espacios de participación democrática plenos.

Recibí novedades