Casa Santa Cruz: los vecinos olvidados por Larreta

Unas 106 familias, con 130 niños y niñas, estuvieron en riesgo de quedarse en la calle hasta el miércoles de la semana pasada sin que el Gobierno porteño atinara a hacer nada. Lo que detuvo el desalojo fue el trabajo de la Defensoría del Pueblo y la Asesoría Tutelar.

“Despacito y en silencio, se van haciendo los desalojos.” La frase tiene ya unos años. Pero no hay que olvidar quién la pronunció. Se trata del actual jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta que, cuando la dijo, era jefe de Gabinete de Mauricio Macri. Con esa postura, no debe sorprender que el Gobierno porteño no se haya ocupado de buscarle una solución habitacional a las 106 familias que viven en la Casa Santa Cruz, una ex fábrica que fue comprada por un empresario y para la cual el Poder Judicial dictó una orden de desalojo. Iba a ser el miércoles pasado, sin que hubiera un lugar para las 130 niñas y niños que viven allí. Finalmente, una intervención de la Asesoría Tutelar y del defensor del Pueblo, Alejandro Amor, llevó a firmar un acta por la cual se frenó el desalojo. Ahora una causa judicial intenta lograr que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), dependiente de Larreta, les dé un crédito hipotecario para construir viviendas y dejar ese lugar.

Las familias que habitaron la Casa Santa Cruz, luego del cierre de la fábrica textil Selsa, vienen hace tiempo pidiendo una solución habitacional. Son 106 familias, con 130 niños y niñas. En los días previos al desalojo, organizaron una olla popular y volvieron a pedirle al juez Fernando Cesari que revisara su medida. No obstante, no tenían otra instancia judicial a la que recurrir y el magistrado había rechazado los distintos amicus curiae que se presentaron, como el de ACIJ. La ONG advirtió que el desalojo se haría “violando su derecho a acceder a una vivienda adecuada –reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y múltiples tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, al igual que otros DDHH– como seguridad e integridad física, educación, trabajo, salud”.

También habían pedido al IVC que intervenga. Lo vienen haciendo, en rigor, desde 2014. No obstante, el Instituto de la Vivienda contestó que no tiene presupuesto para asistir a las familias, que formaron la cooperativa Papa Francisco. Sostuvieron que tienen otras 350 cooperativas en lista de espera y que no había nada que hacer. Ni siquiera les ofrecieron los insuficientes cinco mil pesos de subsidio habitacional. Sostuvieron que lo tenían que solicitar caso por caso una vez que estuvieran en la calle. En un informe especial de Nueva Ciudad sobre hotelados, contamos cómo terminan esos subsidios: con las familias en la calle o viviendo en condiciones infrahumanas. Las familias intentaron también obtener un crédito a través de la ley 341 para la compra de viviendas sociales. No hubo caso.

El que reclama el edificio es un empresario que lo compró a precio de remate (un millón 500 mil pesos), Leonardo Ratuschny, y que, cuando desde el Gobierno porteño intentaron ofrecerle una suma por la propiedad, pidió una fortuna. El empresario compró el edificio cuando las familias ya estaban adentro y comenzó las gestiones para desalojarlas.

El asedio a las familias de Casa Santa Cruz se frenó por intervención de otros poderes, no del que conduce Larreta. De ponerle cordura a la situación se ocuparon el defensor del Pueblo, Alejandro Amor, el asesor tutelar de Cámara Gustavo Moreno, también Sebastián Tedeschi, de la Defensoría del Pueblo nacional. Junto al empresario y la abogada de las familias, firmaron un acta por la cual se devolvió el tema al juzgado civil. Además, iniciaron un amparo en el fuero contencioso administrativo para obligar al IVC a que les otorgue un crédito y permita que las familias o construyan una nueva vivienda o compren una vivienda social que les permita salir de esa situación sin quedar en la calle.  El asesor tutelar Moreno ya pidió una audiencia para constituir una mesa de trabajo judicial.

Por suerte, hubo funcionarios del Estado que intervinieron para evitar el despropósito de dejar 106 familias en la calle. Al Gobierno de Larreta parecía darle lo mismo lo que iba a ocurrir. Sobre todo si pasa despacito y en silencio.