La crisis económica impacta de una manera brutal en las familias inquilinas. Una encuesta reveló que más de la mitad de los hogares sufren aumentos por fuera de lo que establece la ley y se endeudan para poder pagar. Además, el pago del alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales.

El contexto no puede ser más doloroso y angustiante. Por un lado, porque la inflación no cede (la última medición de marzo arrojó un incremento mensual del 7,7% la más alta desde abril de 2002). Y por otro lado porque el manto de dudas que se arrojó sobre la posibilidad de derogar la Ley de Alquileres frenó muchos contratos y operaciones que estaban a puntos de firmarse. 

A este escenario se suman situaciones que complejizan el panorama. Por ejemplo: en barrios como Palermo, Recoleta y zonas del Area Central, casi no hay departamentos vacantes. Muchos fueron destinados a los alquileres temporarios. Más allá de que se trata de un mercado puntual y una zona específica, la salida de la oferta de estos departamentos genera presión sobre el mercado. Los portales inmobiliarios dan cuenta del déficit: según el relevamiento del Colegio de Corredores porteños, hay 1.700 propiedades ofrecidas en alquiler en este momento, cuando la media habitual suele ser 17.000.

Por eso, los datos de esta encuesta sobre inquilinos son centrales para entender el momento que atraviesan las familias. El trabajo puso el foco en el AMBA y fue realizado por ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), el Instituto de Geografía de la UBA, el Centro de Estudios Urbanos y Regionales del CONICET, CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la Escuela IDAES de la UNSAM y la Red Contested Territories. 

Entre otras cosas, en base a datos aportados por 1.500 hogares, se registraron un 6% más de inquilinos empleados que en el año 2021, pero lo que ganan les alcanza cada vez para menos. Mientras que en 2021 el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos, en 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32%.

El 63% de los hogares admite estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler. Y los hogares cuyo principal sostén son mujeres están más endeudados en general, y en particular con familiares y amigos.

Otra de las preocupaciones que se observan en el estudio también tiene que ver con las condiciones en que se alquila, porque se percibe que las soluciones habitacionales son cada vez más precarias. “El 35% de las personas inquilinas respondió que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad, lo hace sin contrato escrito”, concluyó el trabajo.

Esta situación se suma a otra que está sucediendo y que termina formando parte del problema: la prórroga de los contratos que se firmaron antes de que entrara en vigencia la ley actual, y que sirven como acuerdo entre las partes para evitarla.

Matías Weibel -sociólogo, del programa Derecho a la Ciudad de la ACIJ- entiende que la encuesta deja en evidencia la necesidad de promover “una política integral que tenga al derecho a la vivienda como objetivo central. Debe darse un debate sobre las regulaciones y las intervenciones que podrían implementarse para mejorar las condiciones de vida de la población inquilina y su acceso y permanencia en las viviendas que habitan”.

Otro de los focos de la encuesta fue la brecha de género. Los datos develaron que los hogares sostenidos por mujeres padecen una situación financiera peor que aquellos hogares sostenidos por varones. Los hogares con jefa están más atrasados tanto en el pago de los impuestos como en el resto de los gastos, como pueden ser crédito, comercios y prestamos (bancarios e informales, estos últimos generalmente usurarios).

Estos hogares femeninos tienen menos capacidad de ahorro y están más endeudados en general y en particular con familia y amigos: 55% contra el 46% de los hogares sostenidos por varones.

En este contexto general de crisis, la Ley de Alquileres fue puesta bajo la lupa. Aquellos que la demonizan entienden que no resulta satisfactoria ni para propietarios ni para inquilinos; por un lado, porque la rentabilidad de los propietarios es cada vez más baja, y por otro, porque las familias inquilinas tienen casi que duplicar el gasto cuando llega el momento de la actualización.

Por estos motivos alientan una derogación o modificación. En los hechos, ocurre que muchos propietarios e inquilinos están prorrogando contratos previos a la ley actual, que tienen una duración menor (de dos años, no de tres) y que se indexan cada seis, cuatro o tres meses (con esta ley se actualiza una vez al año, a través de un índice que pondera en partes iguales las variaciones mensuales de precios al consumidor y de salarios promedio).

Weibel manifestó a Clarín que la “ley tiene factores muy positivos, y hay que entender que busca dar contención a las familias inquilinas, que son el eslabón más vulnerable. El contexto en el que estamos atravesando esta crisis es además la pérdida del poder adquisitivo de las familias y la falta de créditos hipotecarios”, expresó el sociólogo.

En un país casi sin acceso a los créditos hipotecarios y al financiamiento formal a través de bancos, con una pérdida del salario real y un incremento de la informalidad laboral, cada vez más los y las inquilinas necesitarán la presencia de un Estado que pueda buscar soluciones a uno de los derechos humanos fundamentales.

SC