ACIJ, conjuntamente con CELS y COPADI, emite un comunicado luego de la audiencia pública por la candidatura de Daniela Ugolini

La audiencia se llevó a cabo en el marco de una situación de absoluta irregularidad. No fue posible escuchar el descargo de la candidata, ni el desarrollo de las impugnaciones que se presentaron. A su vez, la concurrencia de los Legisladores fue escasa y optaron por no participar, ni hacer preguntas, cuando se imponía profundizar sobre las respuestas de la candidata a los innumerables cuestionamientos. 

La decisión de avanzar con este proceso de selección pese a las graves denuncias representa una muy mala noticia para el funcionamiento de las instituciones de la Ciudad. La experiencia de nuestro país en la conformación de un tribunal de justicia ilegítimo y muy cuestionado en su independencia ha dejado huellas profundas en la debilidad del sistema democrático argentino. 

En los procesos de selección de jueces, la transparencia y la legitimidad representan aspectos de especial consideración y relevancia institucional, ya que se trata de conformar una justicia independiente y democrática. Desde esta perspectiva, la legitimidad de origen de los candidatos resulta fundamental. 

Todo lo contrario ocurre en el proceso de selección de Ugolini, a lo largo del cual se acumulan gravísimas acusaciones e impugnaciones. 

En primer lugar, el Poder Ejecutivo de la Ciudad propuso a una candidata muy cuestionable, por no cumplir con los requisitos de idoneidad técnica y compromiso con los derechos humanos. En segundo lugar, el trámite fue objetado por no haber cumplido con los requisitos de transparencia y publicidad, fundamentalmente en lo que se refiere a su patrimonio. Estas irregularidades se profundizaron cuando se envió el pliego de la candidata a la Legislatura sin efectuar un solo análisis de los argumentos que se expusieron en las impugnaciones presentadas. 

Ya en la Legislatura, el oficialismo decidió avanzar con el trámite sin perjuicio de las cuatro decisiones judiciales que exigían que se suspendiera el proceso. Como si esto fuera poco, se convocó a la audiencia pública luego de una decisión del Superior Tribunal de Justicia que, encubriendo un per saltum, convalidó la postura gubernamental. 

Esperamos que los Legisladores al momento de evaluar esta candidatura y decidir su voto tomen en cuenta estas consideraciones y hagan valer la mayoría agravada que exige la Constitución de la Ciudad para la selección de los jueces. Esta mayoría no representa otra cosa más que el alto nivel de consenso social y político que requiere una decisión de semejante magnitud. Sin dudas, ese consenso no está dado y la legitimidad del nombramiento resulta cuestionable.

Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) 

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)                                                                              

Colectivo para la Diversidad (COPADI)