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ACCIÓN PUBLICA: "El Tribunal Superior debe estar integrado por jueces/as idóneos y comprometidos con la vigencia de los Derechos Humanos y las garantías republicanas"

En este sentido, el pasado 10 de septiembre, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos (COHRE), el Colectivo para la Diversidad (COPADI) y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) impugnaron la candidatura de DANIELA UGOLINI propuesta por el jefe de Gobierno porteño.


Las organizaciones consideraron que Ugolini no responde a las exigencias de idoneidad y compromiso con los derechos humanos, ya que en su trayectoria se expresa una concepción restrictiva del alcance de los tratados internacionales, tanto en cuestiones vinculadas a derechos civiles y políticos -el derecho a la libertad de expresión, a peticionar ante las autoridades y de reunión-, como en aquellas relacionadas con derechos económicos sociales y culturales.


Las organizaciones están especialmente preocupadas y alertadas ante esta posible designación porque significaría un fuerte retroceso en materia de derechos sociales en la Ciudad de Buenos Aires.


La Constitución de la Ciudad exige que la designación de magistrados del Tribunal Superior de la Ciudad cuente con un especial y extenso consenso social, y un amplio acuerdo político que comprenda al Poder Ejecutivo y Legislativo. Ninguna designación puede realizarse si no cuenta con el acuerdo de 2/3 del total de legisladores de la Ciudad respecto del/la candidato/a propuesta por el Poder Ejecutivo.


Las organizaciones convocantes consideramos que la candidatura propuestas por el Poder Ejecutivo no reúne las condiciones necesarias para contar con dicho consenso público. El objetivo de esta Campaña es contribuir al conocimiento ciudadano sobre el perfil de la candidata propuesta por el Ing. Mauricio Macri y solicitar públicamente al Jefe de Gobierno porteño y a la Legislatura la reconsideración de dicha nominación a la luz de los antecedentes señalados.


El Tribunal Superior debe estar integrado por jueces/as idóneos y comprometidos con la vigencia de los Derechos Humanos y las garantías republicanas.