Primer análisis del proyecto de Presupuesto 2027: cambios de reglas, discrecionalidad y retrocesos en derechos fundamentales

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentamos el primero de una serie de informes con los que analizaremos el Proyecto de Presupuesto 2027 a lo largo de su debate legislativo en el Congreso de la Nación.

El proyecto introduce profundas modificaciones regulatorias y presupuestarias que debilitan garantías automáticas, trasladan decisiones clave a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y consolidan retrocesos en áreas esenciales.

Uno de los puntos más críticos de la iniciativa se encuentra en el artículo 17, que elimina la fórmula de actualización automática de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de las Asignaciones Familiares. Al no establecer un mecanismo sustituto ni una periodicidad obligatoria, los aumentos pasan a depender exclusivamente de la voluntad del Ejecutivo. La experiencia reciente con las partidas no indexadas evidencia el peligro de este esquema: mientras las prestaciones atadas a fórmulas de movilidad recuperaron un 31,9% real desde 2023, la Prestación Alimentar permaneció 23 meses congelada, deteriorando gravemente su capacidad de cobertura sobre la Canasta Básica Alimentaria.

En materia de discapacidad, los artículos 39 y 41 impulsan reformas de corte regresivo al eliminar la homogeneidad del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que habilita a cada organismo obligado a fijar unilateralmente sus aranceles. Esto consolidará un factor estructural de desigualdad y derivará en una menor oferta o peor calidad de atención para quienes dependan de entidades que abonen tarifas más bajas, en abierta contradicción con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo, se deroga la Pensión No Contributiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad —que garantizaba la compatibilidad con el trabajo formal—, se restringe el acceso a la pensión tradicional por invalidez laboral y el programa Incluir Salud sufre un recorte del 13,9% respecto de 2026 y del 19% frente a 2023.

Con respecto a educación superior, para el programa Desarrollo de la Educación Superior, el Poder Ejecutivo proyecta partidas por $7,5 billones, una cifra que se ubica un 32% por debajo de los $11 billones calculados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para dar cumplimiento a la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. Esta falta de asignación suficiente persiste a pesar de existir una medida cautelar confirmada por la Corte Suprema de Justicia que ordena garantizar de manera urgente su efectivo cumplimiento.

En materia de infraestructura, el proyecto consolida la disminución de la participación directa del Estado nacional en infraestructura y traslada la carga a provincias y municipios: de 2.339 obras, 1.683 fueron dadas de baja o están en rescisión, 457 se encuentran en proceso de traspaso y sólo 199 continúan bajo gestión federal directa. Con un gasto de capital un 80% inferior al de 2023 ($3,8 billones frente a $18,4 billones a precios constantes), el Estado reemplaza la inversión presupuestaria directa por gastos tributarios. Mediante el artículo 67, se otorgan ventajas impositivas a concesionarios viales privados —como amortización acelerada, crédito fiscal de IVA y cómputo total del impuesto al cheque—, condicionadas a que las provincias eliminen Ingresos Brutos y Sellos.

Finalmente, por tercer año consecutivo, programas neurálgicos como el Programa Acompañar y la Línea 144 carecen de partidas presupuestarias específicas e individualizables. Esta situación perpetúa el desfinanciamiento y consolida una severa falta de transparencia que impide auditar la ejecución de los recursos y monitorear la respuesta estatal frente a las violencias por motivos de género.

Este análisis inicial constituye el punto de partida de un monitoreo integral que ACIJ desarrollará a lo largo del debate en el Congreso de la Nación, con el objetivo de aportar evidencia técnica, defender los derechos fundamentales y exigir una discusión presupuestaria transparente y participativa.