Al cumplirse el primer mes del ciclo lectivo 2022 en todo el país, se estima que unxs 500.000 estudiantxs aún no empezaron las clases en la educación obligatoria, lo que equivale a una niña, niño o niñe menos por aula y hasta a tres adolescentes por clase en el nivel secundario. El problema también desnuda la falta de estadísticas oficiales y la ausencia de información sobre las medidas adoptadas para dar respuesta. Frente a esta situación, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) inició reclamos al Gobierno nacional y acciones judiciales al Gobierno de la Ciudad y las provincias de Buenos Aires y de Salta, y junto con organizaciones agrupadas en Infancia en Deuda presentaron notas a las autoridades educativas nacionales y provinciales. “Ante la falta de respuestas oficiales, iniciamos reclamos administrativos y acciones de amparo a fin de conocer cuántas niñas, niños y adolescentes se desvincularon de las escuelas y qué medidas se adoptaron para buscarlos y buscarlas”, explicó entonces Francisco Rodríguez, coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de Acij.
En un comunicado, el organismo sostuvo que los dos años de pandemia acentuaron las desigualdades educativas, que ya perjudicaban a las, lxs y los estudiantxs más vulnerabilizadxs. “La falta de acceso a la conectividad y a políticas de sostenimiento de las trayectorias escolares, implicó que miles de alumnas y alumnos interrumpan su vínculo con las escuelas.” Desde principios de marzo, las organizaciones realizaron pedidos de acceso a la información pública, a fin de conocer la cantidad de estudiantes que se desvincularon de las escuelas o que se encuentran en riesgo de hacerlo, y las medidas tomadas por cada jurisdicción para garantizar su reinserción.
“Sin embargo, ninguna de las jurisdicciones consultadas brindaron información concreta sobre la tasa de abandono escolar entre 2020 y 2021. Tampoco explicaron cómo se implementaron las medidas aprobadas en el marco del Consejo Federal de Educación ni cómo fueron utilizados los fondos nacionales que se otorgaron para el abordaje de la problemática durante 2020 y 2021”, concluye el documento, y urgió a que el Estado Nacional, las provincias mencionadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “adopten medidas para recuperar a aquellas y aquellos estudiantes que no iniciaron el ciclo lectivo, o bien a pesar de haberse revinculado con la escuela, requieren de un mayor apoyo para sostener sus trayectorias educativas”.
Además, subraya, “es preciso pensar un sistema inclusivo real para las personas con discapacidad y las personas en situación de mayor vulnerabilidad social”. La desvinculación escolar agravada por la pandemia convive con problemáticas estructurales que dificultan o impiden el ingreso y permanencia en las escuelas, principalmente la falta de acceso a vacantes desde el nivel inicial, la negativa de la matrícula en escuelas comunes públicas y privadas por motivos de discapacidad, y la ausencia de apoyos necesarios para el acompañamiento de sus trayectorias escolares, que les permitan aprender, participar y progresar sin discriminación.
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