Informe | “Apoyos para la educación inclusiva: datos que evidencian barreras”

En el contexto del inicio del ciclo lectivo 2022, publicamos un nuevo relevamiento de barreras en materia de educación inclusiva. En esta oportunidad, buscamos recuperar las voces de las personas con discapacidad y sus familias para visibilizar algunos de los obstáculos más frecuentes que impiden a estos alumnos y alumnas contar con los apoyos necesarios para sostener sus trayectorias escolares en el sistema general de educación.

Los datos recolectados durante 2019 evidenciaron que el 33,5% de las personas encuestadas no cuenta con figuras de apoyo, y de ese porcentaje, el 81,5% indicó que fue porque no las consiguieron a pesar de necesitarlas.

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Según el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado internacional que en Argentina tiene rango constitucional, los Estados tienen la obligación de asegurar que los y las estudiantes con discapacidad cuenten con los apoyos que requieran para aprender, participar y progresar sin discriminación en el sistema educativo general. Sin embargo, este colectivo aún enfrenta significativas barreras para acceder a servicios que cumplan con los estándares internacionales.

Con el objetivo de echar luz sobre los conflictos más frecuentes que existen en relación con el acceso a profesionales y otras figuras que apoyen la inclusión de estos niños y niñas en las escuelas regulares, durante fines del año 2019, realizamos un relevamiento de barreras dirigido a personas con discapacidad y a sus familias. Adicionalmente, a partir de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en abril de 2020, se lanzó una segunda encuesta, a fin de analizar el impacto de este acontecimiento y dilucidar en qué medida había agravado las falencias preexistentes en la provisión de estos dispositivos. 

Los datos recolectados durante 2019 evidenciaron que el 33,5% de las personas encuestadas no cuenta con figuras de apoyo, y de ese porcentaje, el 81,5% indicó que fue porque no las consiguieron a pesar de necesitarlas. Por otro lado, entre quienes sí pudieron acceder a ellas, en el 74,8% de los casos la recibieron de una obra social o prepaga, en el 15% de Ministerios de Educación, y en el 10,3% fueron financiados directamente con recursos de las familias. Además, el 57% de las personas indicó haber tenido problemas con la cobertura del personal de apoyo y solo el 25,7% de quienes realizaron un reclamo lograron resolverlo. Con la pandemia, los obstáculos para acceder a estos servicios se tornaron aún más evidentes. De los casos relevados, un 56,4% indicó la existencia de dificultades con su cobertura en la modalidad virtual.

Además de los inconvenientes vinculados a la cobertura, el relevamiento da cuenta de obstáculos para el correcto desempeño de estas figuras al interior de las escuelas, visibilizando prácticas como la negativa de las instituciones educativas a autorizar su ingreso y la falta de colaboración para facilitar la concreción de su labor.

Los resultados analizados en el informe reflejan que la mayoría de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad que cuentan con personal de apoyo para la inclusión han experimentado inconvenientes con dicho servicio, así como la falta de efectividad de los mecanismos que existen actualmente para reclamar frente a este tipo de barreras, lo que constituye una violación de la normativa local e internacional.

Para promover servicios de apoyo que garanticen el derecho a la educación inclusiva, el documento también presenta una serie de recomendaciones dirigidas a los Ministerios de Educación, a los organismos del sector salud y a las entidades que los controlan, y a los establecimientos educativos.

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