La respuesta a la emergencia social y económica requiere de un debate democrático y participativo que proteja a los sectores más vulnerabilizados

Argentina enfrenta una grave emergencia social y económica, en la que más del 40% de su población se encuentra en situación de pobreza. En este escenario se han visto particularmente afectados sectores históricamente vulnerabilizados, como la niñez, las/os jubiladas/os, las personas con discapacidad y una importante franja de la sociedad que padece de fuertes afectaciones a sus derechos a la vivienda, la educación, la salud y el trabajo. Se trata de una crisis profunda que responde tanto a factores estructurales que hacen a la grave desigualdad de nuestra sociedad, como al resultado de políticas recientes que profundizaron estas problemáticas, terminando de generar un contexto de emergencia. 

Esta situación demanda una respuesta efectiva del Estado en su conjunto. Para definir las características de esa respuesta es necesario generar un debate democrático que sea capaz de escuchar a todos los actores sociales y que garantice las condiciones para que sean atendidas con absoluta prioridad las necesidades de los grupos que más padecen esta crisis.

La recientemente sancionada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de Emergencia Pública” acierta en la necesidad de revisar durante un periodo de tiempo una serie de problemáticas serias y determinantes para nuestra sociedad -entre las que se incluyen el sistema de tarifas, el mecanismo de actualización del régimen previsional, y algunos componentes del sistema tributario-. Pero se precipita a resolver, de forma apresurada, sin un debate adecuado y con baja participación de la ciudadanía en su conjunto, una serie de importantes reformas que podrían devenir en resultados regresivos para con sectores vulnerabilizados y respecto de ideales de justicia tributaria. 

En este sentido, el proyecto de ley en cuestión, a la vez que presenta algunos aspectos positivos que podrían coadyuvar a pautas razonables de distribución de la riqueza, incorpora otros ciertamente preocupantes y que no deberían formar parte de políticas que pongan en el centro la solución de la emergencia socio-económica que atravesamos. Entre los primeros se pueden destacar los aumentos en un sentido progresivo de ciertos impuestos directos (como el de bienes personales), el direccionamiento de los reintegros que puede aplicar la AFIP a sectores vulnerabilizados o el congelamiento de tarifas de los servicios básicos. Como contracara, la suspensión de la fórmula de movilidad de jubilaciones y pensiones es una regresión que sujeta innecesariamente los ingresos de una porción de la sociedad a la discrecionalidad del PEN. Agravando ello, y más allá de los anuncios de que serán tratados próximamente, la exclusión al alcance de la ley de los regímenes de privilegio de las/os funcionarias/os del Poder Judicial y otras/os ex funcionarias/os del Poder Ejecutivo genera una situación de desigualdad que no se condice con los fundamentos de la ley y pone en evidencia los déficits de discusiones que postergan dar en profundidad el debate que nos debemos.

La delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo redunda negativamente en las posibilidades de generación de ámbitos idóneos para una deliberación plural y basada en argumentos de las medidas necesarias en el contexto de la crisis, y de las prioridades en materia presupuestaria y de política fiscal.

En esta nueva crisis deberían construirse nuevas alternativas y procesos que no afecten en lo inmediato -ni dañen en el mediano y largo plazo- la calidad de nuestra democracia, y reviertan la histórica práctica de legislaciones de emergencia que se han extendido más allá de cualquier plazo razonable. Es necesario que se garantice la excepcionalidad de estas facultades y se facilite volver rápidamente al diseño que prevé la Constitución en materia de distribución de competencias.

Las respuestas a esta emergencia no deben agotarse en la sanción de una ley de estas características. El gobierno debe garantizar espacios de diálogo social e institucional dirigidos a que las políticas públicas se centren en responder a las necesidades urgentes de los sectores más vulnerabilizados y se orienten a reducir las desigualdades estructurales y eliminar todo privilegio injusto de quienes habitan en el seno de la Argentina.