Luego de 13 años de una deuda histórica y vergonzosa con la infancia, el Congreso nacional se encaminaba a nombrar, por fin, a un Defensor o Defensora de Niñas, Niños y Adolescentes. Sin embargo, habrá que lamentar una nueva postergación y el año cerrará sin nombramiento.
La figura del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes -la voz que representa sus intereses y garantiza que se cumplan sus derechos- fue creada el 28 de septiembre de 2005 por la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que estableció 90 días para su designación y dispuso que la selección y designación correspondía al Congreso nacional.
Recién en 2017, luego de una sentencia judicial recaída en el marco de una acción de amparo promovida por la sociedad civil, el Congreso conformó la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el órgano legislativo encargado de llevar a cabo el concurso público de antecedentes y oposición que admitió a 68 postulantes. En 2018, 15 finalistas aprobaron un examen escrito anónimo eliminatorio, presentaron planes de trabajo y respondieron consultas sobre sus proyectos y propuestas en el marco de una audiencia pública.
El 20 de noviembre, en el Día Universal del Niño, la Comisión Bicameral incumplió una vez más con su obligación de proponer al candidato o candidata que reúna las condiciones de idoneidad necesarias reflejadas en un orden de mérito. Además, contraviniendo la legislación y los principios aplicables en materia de transparencia y acceso a la información pública, se negó a publicar el puntaje obtenido por cada candidato/a en cada una de las instancias del concurso: presentación de antecedentes, examen escrito, presentación del plan de trabajo y audiencia pública.
La futura Defensoría ya tiene presupuesto asignado y solo quedan dos pasos por cumplir en el marco del proceso de selección y designación para que la Argentina tenga, finalmente, un Defensor o Defensora de la infancia y la adolescencia: en primer lugar, la Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes debe realizar la ponderación final de los y las finalistas y elegir, con el voto de 2/3 de sus miembros, al candidato o candidata que reúna las mejores condiciones para el puesto. Luego, la designación debe concretarse con el voto -por mayoría simple- de las cámaras de Diputados y Senadores.Ante el inminente receso legislativo es evidente que la elección se postergará, con suerte, hasta el año próximo.
Lo cierto es que nuestra niñez no puede esperar otro año más: en el primer trimestre de 2018, 46.6% de niñas, niños y adolescentes vivían en situación de pobreza. Según el informe publicado por el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia (UCA), el 26,8% de las niñas y niños de entre 3 y 5 años no asisten al nivel inicial y solo el 35% de los niños tiene garantizada la alimentación. En tanto, según datos oficiales recientes, el 10% de los niños y niñas argentinos de entre 5 y 15 años trabaja.
Además, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), 1 de cada 10 niños menores de 5 años padecen obesidad infantil en la Argentina. Cada año, más de 1.300 niñas y niños en todo el país nacen con Chagas congénito y sólo el 50% son diagnosticadas/os. Y hay más de 10.000 niñas, niños y adolescentes que han sido separados de sus familias por situaciones de violencia o maltrato y viven sin cuidados parentales en distintos dispositivos de cuidado formal, por mencionar solo algunas de las problemáticas más urgentes que afectan a la niñez y la adolescencia.
¿Qué estamos esperando para reducir la inequidad en el ejercicio de los derechos y fortalecer la institucionalidad de nuestro país?
Al Defensor del Niño le corresponde el rol clave de monitorear las políticas públicas para la protección integral de la infancia y velar por el cumplimiento de los derechos que el Estado tiene que garantizar a niñas, niños y adolescentes. El Congreso tenía la oportunidad histórica de demostrar a la sociedad su compromiso con las instituciones y con la atención prioritaria de los derechos de la infancia dando tratamiento urgente a la designación: una vez más, falló.