Por Julieta Izcurdia*
Las inaceptables desigualdades regionales y la grave situación de pobreza que afecta a 4 de cada 10 niñas y niños en Argentina exigen que el Estado priorice una adecuada asignación presupuestaria y una eficiente ejecución de las políticas que tienden a garantizar sus derechos. En este sentido, Organismos de Naciones Unidas manifestaron preocupación por los elevados niveles de pobreza multidimensional que afectan en mayor medida a la niñez y adolescencia en nuestro país, así como por el aumento en los índices de malnutrición, las limitaciones existentes en los sistemas de protección social y las disparidades provinciales, e instaron al Estado a incrementar sus esfuerzos para promover la salud materna e infantil y garantizar los derechos sociales de niñas y niños.
Sin embargo, el presupuesto que tratará el Senado este miércoles prevé reducciones para políticas que deben asegurar los derechos de la infancia más postergada. Aún con las importantes modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados/as en respuesta al reclamo de organizaciones que defienden los derechos de la niñez -que elevó en 900 millones la asignación para la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) y en 28 millones lo asignado a la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes- el presupuesto continúa siendo insuficiente para contrarrestar la disminución contemplada en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo al Congreso.
La SENNAF lleva adelante importantes funciones, tales como la promoción y asistencia a espacios de primera infancia y la promoción y protección integral de los derechos de la niñez, pero su presupuesto total -aun teniendo en cuenta el incremento de 900 millones- es un 17% inferior al sancionado en 2018.
En el caso de la futura Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, el presupuesto es un 25% menor al de 2018, a pesar de que el año próximo esperamos contar con una persona en ese cargo, pues el Congreso está definiendo las últimas instancias del concurso público luego de 13 años de vacancia y deuda con la infancia. Una de las tareas de este organismo será, justamente, el monitoreo de las políticas públicas destinadas a niñas, niños y adolescentes, y de la correcta asignación y ejecución presupuestaria de programas fundamentales para los derechos de la niñez más postergada.
De ser aprobado sin modificaciones, el presupuesto para 2019 impactará en una profundización de la vulneración de derechos de quienes deberían ser una prioridad para el Estado, más aún en contextos de crisis económica. Por ejemplo, el Programa de Atención a la Madre y el Niño cae un 37% en relación con el presupuesto de 2018. La única actividad que crece lo hace en un 1,8% y es la relativa a Acciones de Nutrición. El resto de las actividades se reducen brutalmente: un 43% Salud Infantil, 45% Salud Integral en la Adolescencia, 97% Sanidad Escolar, 41% Detección Temprana y Atención de Enfermedades Poco Frecuentes y Anomalías Congénitas. Los impactos de esta reducción se evidencian al analizar las variaciones en muchas de las metas proyectadas: mientras que en 2018 se proyectó la entrega de 1.678.960 medicamentos, en 2019 sólo se proyectan 878.136, y la cantidad de centros de salud a los que se proveerá equipamiento pasó de 473 a 100.
También sufrió reducciones el Programa de Políticas Alimentarias -cae un 11%-, que tiene por objeto posibilitar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada y provee asistencia a comedores escolares. En tanto el Plan Nacional de Protección Social disminuye un 86% y reduce las metas de “Asistencia hogares en situación de extrema vulnerabilidad social” de 150.000 hogares en 2018 a 6.300 en 2019. Se observan caídas del 56% en la prevención y control de enfermedades endémicas y del 79% en Infraestructura y Equipamiento Escolar -implica la construcción de 1.543 aulas menos y afecta, como mínimo, a 49.457 alumnas y alumnos de Argentina-. Lo mismo sucede con el presupuesto para el Fortalecimiento Edilicio de Jardines, que cae un 69%: equivale a la construcción de 2.275 aulas menos que en 2018 y reduce un 17% el objetivo de ampliación de la capacidad del nivel inicial, aun cuando el Gobierno declara entre sus principales objetivos ampliar la oferta educativa en este nivel.
La reducción en programas destinados a asegurar los derechos a la salud, cuidado y educación de la niñez se agrava si se tiene en cuenta que muchos de ellos, como los destinados a creación y fortalecimiento de espacios de primera infancia y de jardines, fueron afectados este año por reasignaciones discrecionales e inconstitucionales de los fondos disponibles. Paralelamente, varios programas presentan muy bajos niveles de ejecución a la fecha, lo que permite anticipar una importantísima subejecución presupuestaria en 2018. Resulta fundamental que el Estado asegure los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de niñas y niños en situación de vulnerabilidad ya que se encuentran en una etapa crucial para recibir tratamientos que les garanticen un desarrollo adecuado.
Además, las reducciones presupuestarias son contrarias a compromisos básicos que Argentina asumió al ratificar tratados de derechos humanos y al sancionar leyes que consagran la intangibilidad de los fondos destinados a garantizar los derechos de la infancia y la absoluta prioridad de este grupo en la asignación de recursos públicos. Desde Infancia en Deuda esperamos que se cumplan los más elementales roles y límites de los diferentes poderes estatales: el Poder Legislativo debe evaluar la necesidad de aumentar las partidas destinadas a garantizar los derechos más urgentes; el Poder Ejecutivo no puede recortar e inutilizar el presupuesto disponible para garantizar derechos; y el Poder Judicial debe ejercer un adecuado control de las prácticas inconstitucionales que violan derechos y pautas básicas de protección de los fondos disponibles para efectivizar esos derechos.
* abogada de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e integrante de la coalición Infancia en Deuda