Acceso a la Información Pública: construyendo capacidades para la implementación de la ley

Durante los meses de noviembre y diciembre, realizamos una serie de talleres y jornadas de capacitación para la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal y el Congreso de la Nación.

El 2 de noviembre, en el marco del evento “Promoviendo estándares de Transparencia Activa y Acceso a la Información Pública en el Ministerio Público de la Defensa de Argentina” organizado por la Oficina de Acceso a la Información Pública de dicho organismo, a cargo de Ornela Mazza Gigena, dictamos un taller destinado a defensores/as de diferentes fueros para introducirlos en los principales conceptos de la Ley y su aplicación. A partir de una serie de disparadores y propuestas prácticas analizamos cómo deben interpretarse las obligaciones de la Ley de forma de garantizar un adecuado respeto por el acceso al derecho a la información pública y el acceso a la justicia. Además de la participación de la Directora de la Agencia y del co-director de ACIJ, Renzo Lavín, la actividad contó con la participación de Helen Darbishire, directora de Access Info Europe.

Posteriormente, co-organizamos el “Taller sobre Acceso a la Información Pública en el ámbito del Ministerio Público Fiscal” en conjunto con el Director de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Carlos Ernst, y los responsables de acceso a la información del MPF, Johanna Cristallo y Luis Lozano. El evento, que tuvo lugar el día 22 de noviembre, contó con la participación de representantes de diferentes áreas administrativas, así como de algunas fiscalías y procuradurías especializadas. El taller comenzó con un panel sobre diagnóstico y desafíos del MPF en esta materia, que estuvo integrado por el titular de la Agencia, los responsables de acceso a la información pública del organismo, la directora Nacional de Relaciones con la Comunidad y Participación Ciudadana, María Fernanda Araujo y Renzo Lavin. A continuación, realizamos un taller participativo en el que, a partir de hipotéticos pedidos de información pública, analizamos los alcances de las obligaciones y excepciones de la ley y qué criterios definen su buena implementación.

Por último, organizamos el 3 de diciembre en las oficinas de ACIJ una “Jornada de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Congreso de la Nación” del que participaron los responsables de acceso a la información pública de ambas Cámaras, la Biblioteca y la Imprenta del Congreso, la Procuración Penitenciaria, la Oficina de Presupuesto del Congreso, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Círculo de Legisladores y la Dirección de Modernización de la Cámara de Diputados. En este caso, luego de una palabras de apertura de varios de los participantes sobre la situación en la que se encuentra la implementación de la Ley 27.275 en el Congreso de la Nación, se llevaron a cabo grupos de trabajo con miembros de las diferentes áreas para conocer en detalle su trabajo en los diferentes aspectos de la Ley. Finalmente, los distintos grupos expusieron sus conclusiones, las que sirvieron de disparadores para discutir sobre los mejores criterios para la implementación de la Ley y la unificación de miradas dentro del Poder Legislativo Nacional.

El acceso a la información pública, como derecho humano, constituye un principio fundamental de la vida democrática, que el Estado debe tomar con absoluta seriedad. La ley 27.275 es una herramienta que permite a la ciudadanía conocer y controlar los actos de gobierno, y contribuir al debate público que precede a la toma de decisiones públicas. Es importante seguir trabajando en la concientización de los sujetos obligados por la ley en cuanto a la trascendencia de esta norma para la adecuada transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.