Son más de 3000 las causas en trámite por corrupción, en promedio tardan 16 años en concluirse y alcanzan dos dedos para enumerar la sentencias: las que recibieron María Julia Alsogaray el ex concejal porteño José Manuel Pico.
Las dos corresponden a hechos de los ?90. Pero nada impide aplicar el mismo sistema para investigaciones que se iniciaron esta década y que se abren a diario. Este caso podría convertirse en testigo.
El procurador general de la Nación, Esteban Righi, siguió de cerca las negociaciones en este caso y dio su visto bueno para cerrar trato. En tribunales, el acuerdo fue festejado. La fiscalía -representante de los intereses de la sociedad- y dos ONG dedicadas a la lucha contra corrupción, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), entendieron que este convenio es un triunfo.
Sus argumentos:
Se llega a imponer condenas. Una rareza, en general, en el sistema judicial y una excepción en los casos de corrupción.
El Estado recupera en parte el dinero sustraído y puede aplicarlo en beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad.
Nadie esperaba que en un juicio oral hubiera condenas mayores, pues los delitos que les enrostraban a los acusados se castigan con penas que van desde los 2 a los 12 años.
El Estado se ahorró los gastos de un juicio monstruo, sin garantía de conseguir mejores resultados.
Al parecer, en los casos de corrupción, bajas penas, ningún preso y la quinta parte de la coima recuperada es el precio que la sociedad debe pagar para ver alguna condena y decir que no campeó la impunidad.
Por Hernan Cappiello