Los 3.179.207 pesos que María Julia Alsogaray debe devolver por su enriquecimiento ilícito son una muestra pequeña de todo el dinero que el Estado perdió por actos de corrupción en las últimas tres décadas. Si la Justicia se pusiera en campaña para recuperar la plata que se esfumó debería ir tras unos 13.000 millones de dólares. Ese es el perjuicio que sufrieron las arcas públicas en casos que llegaron a los tribunales a partir de 1980 según los cálculos realizados por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). La ex secretaria ambiental es la primera intimada por un tribunal oral a reparar el daño económico que dejó a su paso por la función pública. El decomiso de bienes es una herramienta que ofrece la ley pero ha sido poco explorada hasta ahora por jueces y fiscales.
Cipce calculó los 13 mil millones de perjuicio al Estado en función del contenido de 750 casos de corrupción y delitos económicos que llegaron a la Justicia entre 1980 y 2007, de los cuales sólo un 3 por ciento terminó en condena. Quedan excluidos de la estimación los fraudes nunca denunciados, la deuda externa y la fuga de capitales, lo que hace suponer que la cifra debería ser muchísimo mayor, según razonan en la entidad especializada. Los juicios tardan un promedio de 14 años en llegar a una sentencia.
El embargo de bienes que suelen dictar los jueces de manera preventiva durante una investigación apunta a garantizar, a la larga, las costas de un juicio, la indemnización civil o una pena de multa. El decomiso, como le tocó a María Julia, está pensado para recuperar y devolver a la sociedad el producto de un delito. Es para que el Estado recobre lo fue robado o el equivalente a su valor. Para ejecutarlo, según la ley, tiene que estar probado el delito. Sin condena no hay decomiso. A Alsogaray, de hecho, le tocó una vez que quedó firme la condena. Como dijo que no tenía “liquidez” el Tribunal Oral Federal N° 4 mandó a rematar su petit hotel, algo que ella intenta evitar a toda costa.
“El problema es que el Poder Judicial tiende a pensar antes que nada en la sanción penal, pero no encara los casos de corrupción con una investigación financiera del delito”, señala Pedro Biscay, director de Cipce. Por ejemplo, se analizan las maniobras en una contratación trucha pero no qué pasó con el patrimonio de los que participaron de ella. “Y hasta ahora los jueces cuando dictaban un embargo no lo hacían efectivo, lo hacían en forma nominal”, añade. Así, cuando los funcionarios cuestionados llegan al banquillo en un juicio oral ya no tienen nada que la Justicia pueda decomisarles, según explica la fiscal Sabrina Namer (ver reportaje aparte).
En los últimos tiempos, analiza Biscay, el escenario está comenzando a cambiar y en algunas causas penales los investigadores rastrean, identifican y traban los bienes en forma anticipada. “Esto permite entrever actualmente ciertos casos con chances de recuperación de activos”, dice. De la Base de Datos contra la corrupción y la Criminalidad Económica del Cipce, surgen algunos ejemplos:
– Skanska: La compañía sueca fue embargada en mayo por 17.323.926 pesos, el monto que según concluyó el juez Norberto Oyarbide se corresponde con los sobreprecios pagados (que son considerados un perjuicio) en las obras de un gasoducto. El embargo se hizo efectivo ya que la empresa puso a disposición la suma. La medida apuntó a que haya fondos disponibles ante una eventual pena de decomiso. Es novedoso que se embargue a una persona jurídica. En el expediente, además, se intentan probar coimas a funcionarios.
– Sobresueldos: Los peritos contadores que intervinieron determinaron que el perjuicio causado por el reparto ilegal de sobresueldos en el gabinete menemista fue de 466 millones de dólares. El juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi dictó dos meses atrás embargos importantes: Carlos Menem (100.000.000 pesos); Domingo Cavallo (10.000.000 pesos); María Julia Alsogaray (5.000.000 pesos); Raúl Granillo Ocampo (10.000.000 pesos); Enrique Kaplan (1.500.000 pesos).
– IBM-Banco Nación: el histórico affaire de las coimas para la informatización del Banco Nación está casi listo para el juicio oral pero siempre pasa algo que vuelve a postergar el inicio. Se calcula que se pagaron 21 millones de dólares en sobornos, de los cuales 4,5 millones fueron hallados en las cuentas de Alfredo Aldaco y Genaro Contartese (ex funcionarios del Nación), que confesaron la coima, y están a disposición del tribunal. Esa confesión, dicen en Cipce, debería permitir que en este caso haya un decomiso anterior al dictado de una condena porque el origen ilícito de parte del dinero está probado. “Así lo prevé la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción”, señala Biscay. Las defensas probablemente intenten argumentar que en esos sobornos no hay daño al Estado porque no salieron de sus arcas.
– Siemens: la investigación del pago de posibles coimas cercanas a 70 millones de dólares por parte de Siemens al ex presidente Carlos Menem y funcionarios del Ministerio del Interior está en investigación pero la empresa ya reconoció el pago ilegal a funcionarios argentinos ante la Comisión de Valores Norteamericana. Un organismo de ese país identificó depósitos que podrían estar vinculados a Menem, Carlos Coach y Hugo Franco. Aún no hubo embargos. Lo que estaba en juego era la licitación de un sistema de control migratorio, información eleccionaria y confección de DNI. También están implicados funcionarios del gobierno de Fernando de la Rúa.
Cipce se presentó en este grupo de causas en carácter de tercero interesado para impulsar medidas, como también lo hizo en la investigación por enriquecimiento contra Alsogaray, donde dio el puntapié para el decomiso de bienes y pidió que la plata se destine al Hospital Garrahan. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia tuvo iniciativas similares.
Algunas historias que implicaron perjuicios de gran envergadura con poca chance de recuperar el dinero perdido se vinculan, según CIPCE, al grupo Greco. Cuando los Greco aguardaban el pago de 600 millones de pesos por una supuesta deuda del Estado, la ONG advirtió que el grupo ya había sido condenado por subversión económica en la quiebra del Banco de los Andes, en la que obtuvo redescuentos en forma irregular y quedó en deuda con el Estado por 1.493.151.352 dólares que nunca fueron devueltos. En el Cipce calculan que con esa plata se podrían haber financiado 30,46 programas de Promoción de Empleo Social, Economía Social y Desarrollo local; 28,67 programas de Lucha contra el Sida o 54,69 programas de Atención Primaria a la Salud (todo según el presupuesto 2007). O
tras causas en trámite que abarcan un daño económico importante: la venta del predio de La Rural a un valor 100 millones de dólares menos del que estimaron los peritos de la Corte está en plena investigación; la entrega irregular de reembolsos en el caso Yacyretá por 17 millones de dólares también está en estudio; igual que el reconocimiento de una deuda sin causa al grupo Meller por 30 millones de pesos; en la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, que está en juicio oral, la fiscalía estimó un perjuicio al Estado de 400 millones de pesos.
Por Irina Hauser