Sin categoría03.10.07
ACIJ / Sin categoríaDenuncian falta de independencia judicial en provincias (Perfil.com)
03/10/07
Una investigación realizada por un grupo de organizaciones civiles coordinadas por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia reveló que la cada vez mayor injerencia del poder político sobre los sistemas judiciales de siete provincias viola los principios constitucionales como “la independencia y estándares nacionales, como la autonomía, la imparcialidad y la inamovilidad”.
El informe –que será entregado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación– determina que la independencia de la Justicia –garantizada constitucionalmente– es prácticamente inexistente en las provincias argentinas, donde “las maniobras políticas para subordinarla a sus intereses son cada vez más explícitas”.
Se trata de un proyecto realizado por la Fundación Crecer San Luis, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), Participación Ciudadana, y Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad de Expresión, con la coordinación de ACIJ.
El trabajo analizó la situación de la Justicia de San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, en base a los principios constitucionales de independencia respecto a los poderes locales y estándares internacionales como la autonomía, imparcialidad e inamovilidad.
El resultado del informe sostiene que ya casi no llama la atención la mayor injerencia del poder político en la esfera judicial que, lejos de hacerse de manera oculta o secreta, implica hasta reformas en las constituciones provinciales para hacerla valer. “Parecen cosas sacadas de la literatura: sorprende lo burdo y arbitrario de las maniobras, que, en la Nación, también existen, pero mucho más disimulado”, destacó Ezequiel Nino, codirector de ACIJ.
Nino destacó algunos patrones comunes encontrados en las provincias analizadas como “modificaciones a las constituciones locales o leyes que regulan los consejos de la magistratura, para inferir en la designación y remoción de jueces; la creación de nuevos cargos para quitar poder e independencia a la Justicia; la falta de transparencia; presiones directas o indirectas de funcionarios políticos sobre funcionarios judiciales y a través de los medios de comunicación, entre otros”, enumeró.
El trabajo se divide en siete capítulos, correspondientes a cada una de las provincias, en las que se analizan casos concretos y sistemáticos de avasallamiento de la independencia del Poder Judicial, tanto desde el Poder Ejecutivo (PE), como desde los poderes legislativos, que en todos los casos responde al PE.
Perfil.com
El informe –que será entregado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación– determina que la independencia de la Justicia –garantizada constitucionalmente– es prácticamente inexistente en las provincias argentinas, donde “las maniobras políticas para subordinarla a sus intereses son cada vez más explícitas”.
Se trata de un proyecto realizado por la Fundación Crecer San Luis, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes), Participación Ciudadana, y Convocatoria Neuquina por la Justicia y la Libertad de Expresión, con la coordinación de ACIJ.
El trabajo analizó la situación de la Justicia de San Luis, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, en base a los principios constitucionales de independencia respecto a los poderes locales y estándares internacionales como la autonomía, imparcialidad e inamovilidad.
El resultado del informe sostiene que ya casi no llama la atención la mayor injerencia del poder político en la esfera judicial que, lejos de hacerse de manera oculta o secreta, implica hasta reformas en las constituciones provinciales para hacerla valer. “Parecen cosas sacadas de la literatura: sorprende lo burdo y arbitrario de las maniobras, que, en la Nación, también existen, pero mucho más disimulado”, destacó Ezequiel Nino, codirector de ACIJ.
Nino destacó algunos patrones comunes encontrados en las provincias analizadas como “modificaciones a las constituciones locales o leyes que regulan los consejos de la magistratura, para inferir en la designación y remoción de jueces; la creación de nuevos cargos para quitar poder e independencia a la Justicia; la falta de transparencia; presiones directas o indirectas de funcionarios políticos sobre funcionarios judiciales y a través de los medios de comunicación, entre otros”, enumeró.
El trabajo se divide en siete capítulos, correspondientes a cada una de las provincias, en las que se analizan casos concretos y sistemáticos de avasallamiento de la independencia del Poder Judicial, tanto desde el Poder Ejecutivo (PE), como desde los poderes legislativos, que en todos los casos responde al PE.
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