Los servicios sanitarios del Sur se encuentran en situación “alarmante” (Perfil)

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) relevó la situación en la que viven miles personas en el CGP Nª8, que comprende Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, y concluyó que “el mapa social se deteriora nítidamente desde el norte hacia el sur”. Algunos ejemplos: si bien la villa 20 cuenta con una ley que dispone su urbanización, las obras no se han iniciado, algo similar a lo que sucede en el barrio Ramón Carrillo, que fue declarado en emergencia. Otro caso es el barrio Piletones, que fue foco de atención de los medios un año atrás: al menos 30 familias siguen viviendo sobre el Lago Soldati, en riesgo permanente.

El CGP 8 concentra el 46,8% de la población de la Ciudad que reside en villas de emergencia y asentamientos, donde el servicios de agua potable llega con conexiones precarias, inestables e informales. Según el relevamiento, “más del 30% de la población de ámbitos barriales carenciados no cuenta con conexión plena a la red cloacal y mantiene el sistema de pozos ciegos, prohibido por ley en la Ciudad”. “El ritmo de expansión del trazado de las redes fue dirigido hacia zonas de concesión de menores índices de necesidades insatisfechas”, afirmó la antropóloga Rocío Rodríguez, quien participó del trabajo de campo.

En cuanto al servicio de recolección de residuos, la zona V (correspondiente a los barrios en cuestión) es la única bajo la órbita estatal, a través del Ente de Higiene Urbana. Según estadísticas confeccionadas por el propio Ente, el presupuesto que tiene asignado por cuadra es mucho menor al que el Estado paga a las empresas privadas. “Por ejemplo, CLIBA recibe 1.974, 06 pesos por cuadra y el EHU, 757 pesos”, dice el informe de ACIJ. Si bien en septiembre de 2006 el Gobierno porteño publicó el llamado a licitación para la recolección de residuos de la zona V, éste sigue pendiente.
Un caso paradigmático de discriminación a la zona sur tiene que ver con el servicio de telefonía fija. ACIJ inició una acción judicial para que se condene a la empresa Telefónica a proveer del servicio a las familias que lo soliciten en la Villa 1-11-14 y ayer vencía el plazo para que la empresa respondiera. “El argumento de los riesgos vinculados a la inseguridad que pudieran sufrir los operarios que impide la colocación de nuevas líneas telefónicas es cuanto menos absurdo y discriminatorio”, dice la demanda. La abogada Albertina Maranzana, de ACIJ, consideró que “no se puede naturalizar que los pobres estén excluidos de servicios públicos o que los reciban en peor calidad que aquellos con mejores condiciones económicas”.