Los habitantes de la villa 1-11-14, quienes tomaron protagonismo mediático recientemente por la toma del complejo habitacional en el Bajo Flores, a través de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron una acción judicial para que se obligue a la empresa Telefónica Argentina S.A. a que permita el acceso del servicio de telefonía domiciliaria a las familias del asentamiento conocido como “la perito”, ubicada frente a la cancha del club San Lorenzo.
“Unas mil familias quieren pagar por el servicio telefónico línea control”, asegura una de las personas que integra el cuerpo de delegados de la 1-11-14 a NOTICIAS URBANAS. Desde hace un año y medio que los villeros vienen viajando en colectivo hasta la avenida Rivadavia y Lafuentes, barrio de Flores, sede de la empresa privada a cargo e un servicio que fuera privatizado a principios de la década del noventa. Luego de presionar mediante un poco de griterio y amenazas de llamar a los medios de comunicación los habitantes del asentamiento en el Bajo Flores eran recibidos por la supervisora del lugar, Claudia Parejo. A ella le planteaban su problemática pero desde hace unas semanas no los atiende porque fue trasladada a otra oficina. A las conversaciones y notas presentadas durante años se les sumó este año la presión legalista.
La demanda recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo de Ernesto Marinelli. “La empresa discrimina en forma manifiestamente arbitraria e injusta a los usuarios de la villa de emergencia 1-11-14, violando el derecho de igualdad ante la ley y vulnerando los principios de uniformidad que deben guardar los servicios públicos y de trato equitativo que debe otorgarse a los usuarios”, analizó la defensora de la ACIJ, Albertina Maranzana.
“Nos contestan con evasivas: que no tienen disponibilidad de líneas, que la zona es peligrosa, o hay zona roja. Pero lo verdad es que nunca hubo una buena predisposición por parte de la empresa”, comentó Blanca Arce, delegada de la manzana 21. “La empresa misma se contradice –plantea Blanca quien también se involucra con el tema de la falta de viviendas- al poner locutorios en el barrio. Pero los locales cierran después de las 20. No es lo mismo que uno desde su casa por la noche pueda llamar a una ambulancia, un patrullero, comunicarse con su familia o llamar a los bomberos”.
Entre las calles Varela, Perito Moreno, Bonorino, Riestra y Castañares, están emplazadas cerca de 18 manzanas, con cientos de pasillos angostos que se comunican internamente. Allí dicen que viven 5 mil familias con cientos de problemas pero el que toma noticia en esta oportunidad es la dificultad para acceder a una línea telefónica. El asentamiento tiene en total 32 manzanas y miles de familias más, muchos de ellos venidos de países limítrofes o de provincias de este país.
Este medio se informó que al servicio básico se puede accceder pero de manera ilegal. Ahorrando un dinero que llegue a los 800 pesos existen operarios que aceptan colgarse de los postes -vale decir colocados por los vecinos, no son propiedad de la empresa- e instalar la línea requerida.
En noviembre de 2005, ACIJ había denunciado por discriminación a Telefónica. En aquel entonces respondió que “instalaba teléfonos en la villa, pero que de todos modos en la actualidad no lo estaba haciendo porque consideraba ese barrio como ‘peligroso’ o de ‘alto riesgo’.
“El argumento de los riesgos vinculados a la inseguridad que pudieran sufrir los operarios, que impide la colocación de nuevas líneas telefónicas en la villa 1-11-14, es cuanto menos absurdo y discriminatorio. Siendo las villas de emergencia, las zonas más pobres, necesitarían mayor apoyo, infraestructura, políticas tendientes a la satisfacción de necesidades básicas, obras públicas que garanticen un buen acceso a servicios públicos y en general una mayor atención y cuidado de parte del gobierno y de las empresas prestadoras de servicios públicos, es una práctica común y diría naturalizada, postergarlas, abandonarlas, excluirlas”, consideró la abogada.
Telefónica Argentina S.A. ya había sido denunciada en el 2001 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Luego de que la empresa se negara a trasladar la línea de un vecino que vivía en el barrio de Lugano y que luego se mudó a una zona de villas de emergencia cercanas a ese barrio. Antes esto la Defensoría se pronunció obligando a la empresa Telefónica a trasladar la línea telefónica a la villa Nº 20.
“Unas mil familias quieren pagar por el servicio telefónico línea control”, asegura una de las personas que integra el cuerpo de delegados de la 1-11-14 a NOTICIAS URBANAS. Desde hace un año y medio que los villeros vienen viajando en colectivo hasta la avenida Rivadavia y Lafuentes, barrio de Flores, sede de la empresa privada a cargo e un servicio que fuera privatizado a principios de la década del noventa. Luego de presionar mediante un poco de griterio y amenazas de llamar a los medios de comunicación los habitantes del asentamiento en el Bajo Flores eran recibidos por la supervisora del lugar, Claudia Parejo. A ella le planteaban su problemática pero desde hace unas semanas no los atiende porque fue trasladada a otra oficina. A las conversaciones y notas presentadas durante años se les sumó este año la presión legalista.
La demanda recayó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 1, a cargo de Ernesto Marinelli. “La empresa discrimina en forma manifiestamente arbitraria e injusta a los usuarios de la villa de emergencia 1-11-14, violando el derecho de igualdad ante la ley y vulnerando los principios de uniformidad que deben guardar los servicios públicos y de trato equitativo que debe otorgarse a los usuarios”, analizó la defensora de la ACIJ, Albertina Maranzana.
“Nos contestan con evasivas: que no tienen disponibilidad de líneas, que la zona es peligrosa, o hay zona roja. Pero lo verdad es que nunca hubo una buena predisposición por parte de la empresa”, comentó Blanca Arce, delegada de la manzana 21. “La empresa misma se contradice –plantea Blanca quien también se involucra con el tema de la falta de viviendas- al poner locutorios en el barrio. Pero los locales cierran después de las 20. No es lo mismo que uno desde su casa por la noche pueda llamar a una ambulancia, un patrullero, comunicarse con su familia o llamar a los bomberos”.
Entre las calles Varela, Perito Moreno, Bonorino, Riestra y Castañares, están emplazadas cerca de 18 manzanas, con cientos de pasillos angostos que se comunican internamente. Allí dicen que viven 5 mil familias con cientos de problemas pero el que toma noticia en esta oportunidad es la dificultad para acceder a una línea telefónica. El asentamiento tiene en total 32 manzanas y miles de familias más, muchos de ellos venidos de países limítrofes o de provincias de este país.
Este medio se informó que al servicio básico se puede accceder pero de manera ilegal. Ahorrando un dinero que llegue a los 800 pesos existen operarios que aceptan colgarse de los postes -vale decir colocados por los vecinos, no son propiedad de la empresa- e instalar la línea requerida.
En noviembre de 2005, ACIJ había denunciado por discriminación a Telefónica. En aquel entonces respondió que “instalaba teléfonos en la villa, pero que de todos modos en la actualidad no lo estaba haciendo porque consideraba ese barrio como ‘peligroso’ o de ‘alto riesgo’.
“El argumento de los riesgos vinculados a la inseguridad que pudieran sufrir los operarios, que impide la colocación de nuevas líneas telefónicas en la villa 1-11-14, es cuanto menos absurdo y discriminatorio. Siendo las villas de emergencia, las zonas más pobres, necesitarían mayor apoyo, infraestructura, políticas tendientes a la satisfacción de necesidades básicas, obras públicas que garanticen un buen acceso a servicios públicos y en general una mayor atención y cuidado de parte del gobierno y de las empresas prestadoras de servicios públicos, es una práctica común y diría naturalizada, postergarlas, abandonarlas, excluirlas”, consideró la abogada.
Telefónica Argentina S.A. ya había sido denunciada en el 2001 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Luego de que la empresa se negara a trasladar la línea de un vecino que vivía en el barrio de Lugano y que luego se mudó a una zona de villas de emergencia cercanas a ese barrio. Antes esto la Defensoría se pronunció obligando a la empresa Telefónica a trasladar la línea telefónica a la villa Nº 20.