Sin categoría28.07.04
ACIJ / Sin categoríaInformación sobre renegociación de los contratos de servicios públicos (Red DIP)
28/07/04
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Consumidores Libres Cooperativa Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, la Unión de Usuarios y Consumidores y el Centro de Educación al Consumidor (CEC) reclamaron a la Unidad de Renegociación y Análisis de los Servicios Públicos (UNIREN) mayor transparencia en su gestión. Las organizaciones exigen que se dé a publicidad información básica vinculada a la renegociación de los contratos de servicios públicos, que en la actualidad es secreta.
Entre otras cosas, se exige que se dé a conocer el cronograma detallado de las fases a cumplimentar por la Unidad en el proceso de renegociación y en qué fase se encuentra actualmente el proceso. Además, las organizaciones solicitaron que se haga público el organigrama completo de la Unidad, detallando quienes son los funcionarios que la integran.
El Estado tuvo diez días para hacer pública esta información. El plazo venció el lunes 26 de julio.
El proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos se inició a principios de 2002, a partir del dictado de la Ley de Emergencia Económica (ley 25.561). Su finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2004. Hasta hace menos de un año, el proceso se desarrolló en el marco de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos (CRCOSP), y luego de la asunción del presidente Kirchner, en el marco de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Servicios Públicos (UNIREN). Si bien los usuarios fueron llamados a participar de la Comisión, su participación fue vedada a partir de la creación de la UNIREN.
Al no poder participar, los usuarios, principales interesados en este proceso, se ven imposibilitados de acceder a información sustancial sobre la renegociación y por ende tampoco pueden impulsar oportunamente las medidas necesarias para proteger sus derechos. La Constitución Nacional, en su artículo 42, garantiza explícitamente que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
El derecho de los usuarios a acceder a toda la información y documentación relativa al proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos fue reconocido también por la Justicia en 2003, cuando asociaciones de consumidores denunciaron que la CRCOSP no proveía de información al representante de los usuarios. La juez Clara Do Pico hizo lugar a la demanda argumentando que negar esa información afectaba los derechos reconocidos por la Constitución a usuarios y consumidores.
Estos pedidos de información se enmarcan en un proceso más extenso que las organizaciones firmantes iniciaron conjuntamente cuando reclamaron ante el FMI que cesaran las presiones de sus funcionarios tendientes a lograr un aumento de las tarifas de los servicios públicos por fuera del proceso de renegociación establecido legalmente. Esa denuncia se complementó con un pedido de información al Estado en sede judicial, ya que había trascendido que el Gobierno se había comprometido con el FMI a aumentar las tarifas a través de un anexo secreto al acuerdo firmado con el organismo.
Desde entonces, estas organizaciones reclaman mayor transparencia en relación con las negociaciones que el Estado está llevando adelante en distintos espacios con las empresas prestadoras de servicios públicos.
Entre otras cosas, se exige que se dé a conocer el cronograma detallado de las fases a cumplimentar por la Unidad en el proceso de renegociación y en qué fase se encuentra actualmente el proceso. Además, las organizaciones solicitaron que se haga público el organigrama completo de la Unidad, detallando quienes son los funcionarios que la integran.
El Estado tuvo diez días para hacer pública esta información. El plazo venció el lunes 26 de julio.
El proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos se inició a principios de 2002, a partir del dictado de la Ley de Emergencia Económica (ley 25.561). Su finalización está prevista para el 31 de diciembre de 2004. Hasta hace menos de un año, el proceso se desarrolló en el marco de la Comisión de Renegociación de Contratos de Obras y Servicios Públicos (CRCOSP), y luego de la asunción del presidente Kirchner, en el marco de la Unidad de Renegociación y Análisis de los Servicios Públicos (UNIREN). Si bien los usuarios fueron llamados a participar de la Comisión, su participación fue vedada a partir de la creación de la UNIREN.
Al no poder participar, los usuarios, principales interesados en este proceso, se ven imposibilitados de acceder a información sustancial sobre la renegociación y por ende tampoco pueden impulsar oportunamente las medidas necesarias para proteger sus derechos. La Constitución Nacional, en su artículo 42, garantiza explícitamente que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
El derecho de los usuarios a acceder a toda la información y documentación relativa al proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos fue reconocido también por la Justicia en 2003, cuando asociaciones de consumidores denunciaron que la CRCOSP no proveía de información al representante de los usuarios. La juez Clara Do Pico hizo lugar a la demanda argumentando que negar esa información afectaba los derechos reconocidos por la Constitución a usuarios y consumidores.
Estos pedidos de información se enmarcan en un proceso más extenso que las organizaciones firmantes iniciaron conjuntamente cuando reclamaron ante el FMI que cesaran las presiones de sus funcionarios tendientes a lograr un aumento de las tarifas de los servicios públicos por fuera del proceso de renegociación establecido legalmente. Esa denuncia se complementó con un pedido de información al Estado en sede judicial, ya que había trascendido que el Gobierno se había comprometido con el FMI a aumentar las tarifas a través de un anexo secreto al acuerdo firmado con el organismo.
Desde entonces, estas organizaciones reclaman mayor transparencia en relación con las negociaciones que el Estado está llevando adelante en distintos espacios con las empresas prestadoras de servicios públicos.