Sin categoría08.03.05
ACIJ / Sin categoríaRespaldo al Registro de Causas Prescriptas (Infocívica)
08/03/05
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), consideran conveniente la creación de un registro de Causas Prescriptas que permita evaluar el desempeño de los magistrados que tienen casos que no pudieron ser resueltos por el paso del tiempo.
En sintonía con un proyecto presentado por la Consejera Marcela V. Rodríguez, el “Registro de Causas Prescriptas” se ocuparía de los casos que tramitan ante la justicia criminal y correccional federal de todo el país, ordinaria de la Capital Federal, en lo Penal Económico, en la Justicia Nacional en lo Penal Tributario, en la Justicia Nacional de Menores que se encuentra en pleno tratamiento en la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura.
A través de una carta que le enviaron al Presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Enrique Petracchi las organizaciones civiles consideran que:”solicitar a los diferentes magistrados con competencia criminal y/o correccional que remitan esos datos a un único ámbito es la mejor opción para obtener información que de otra manera sería muy compleja de reunir. Este registro no solo servirá para evaluar el desempeño de los jueces sino que permitirá, además, realizar propuestas de mejora de los procedimientos futuros para que esos resultados –que en casi todas las situaciones son indeseables- no vuelvan a reiterarse”.
Las ONGs también proponen que debería extenderse la aplicación del registro a aquellas causas que han prescripto durante el año 2004. De otra forma, transcurriría un tiempo demasiado prolongado hasta que se pueda reunir un caudal de información suficiente para realizar cualquier tipo de análisis.
Además, entienden que dicho registro debe garantizar los estándares en materia de derecho a la información pública, contemplado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. Tal como lo sostuvieran la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio” y la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Nación en el caso “Espósito”, el Estado tiene el deber de investigar y sancionar los delitos como manera de cumplir con su obligación de brindar protección judicial a las víctimas y de garantizar a los imputados el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
“Más allá de los defectos de publicidad de la ley 25.990 y de la opinión que cada uno pueda tener sobre ella, lo cierto es que puede generar la prescripción de muchas investigaciones. Es por ello que la ciudadanía debe tener el derecho a conocer por qué una causa prescribió y qué trámites no fueron realizados para evitarlo. Esto es particularmente importante en las causas de corrupción, en las que somos todos afectados”, opinó Carolina Crerar, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Recordemos que el derecho a la información pública se encuentra justificado en el principio de publicidad y transparencia en la gestión del gobierno. Este permite a cualquier ciudadano solicitar información pública en poder del Estado. En consecuencia, el acceso al registro, que constará en la órbita del Consejo de la Magistratura, permitiría sumar un nuevo control de la gestión pública y a la vez, fomentaría la propia transparencia del Poder Judicial.
Las ONGs también destacan que esta iniciativa coloca al Consejo en la avanzada de sus funciones ya que permitiría un verdadero control permitiéndole cumplir acabadamente con la potestad constitucional de ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados.
“Además, este registro permitirá a los ciudadanos evaluar si la ley sancionada es eficiente para acelerar las investigaciones o si, por el contrario, es inadecuada”, agregó Carolina Crerar.
Para María Julia Pérez Tort coordinadora del área Acción con la Justicia de la Fundación Poder Ciudadano “El Consejo debe procurar todos lo medios para lograr un control disciplinario efectivo de los magistrados y la creación de éste registro es una posibilidad.”
En sintonía con un proyecto presentado por la Consejera Marcela V. Rodríguez, el “Registro de Causas Prescriptas” se ocuparía de los casos que tramitan ante la justicia criminal y correccional federal de todo el país, ordinaria de la Capital Federal, en lo Penal Económico, en la Justicia Nacional en lo Penal Tributario, en la Justicia Nacional de Menores que se encuentra en pleno tratamiento en la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura.
A través de una carta que le enviaron al Presidente del Consejo de la Magistratura Dr. Enrique Petracchi las organizaciones civiles consideran que:”solicitar a los diferentes magistrados con competencia criminal y/o correccional que remitan esos datos a un único ámbito es la mejor opción para obtener información que de otra manera sería muy compleja de reunir. Este registro no solo servirá para evaluar el desempeño de los jueces sino que permitirá, además, realizar propuestas de mejora de los procedimientos futuros para que esos resultados –que en casi todas las situaciones son indeseables- no vuelvan a reiterarse”.
Las ONGs también proponen que debería extenderse la aplicación del registro a aquellas causas que han prescripto durante el año 2004. De otra forma, transcurriría un tiempo demasiado prolongado hasta que se pueda reunir un caudal de información suficiente para realizar cualquier tipo de análisis.
Además, entienden que dicho registro debe garantizar los estándares en materia de derecho a la información pública, contemplado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales de derechos humanos. Tal como lo sostuvieran la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio” y la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la Nación en el caso “Espósito”, el Estado tiene el deber de investigar y sancionar los delitos como manera de cumplir con su obligación de brindar protección judicial a las víctimas y de garantizar a los imputados el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
“Más allá de los defectos de publicidad de la ley 25.990 y de la opinión que cada uno pueda tener sobre ella, lo cierto es que puede generar la prescripción de muchas investigaciones. Es por ello que la ciudadanía debe tener el derecho a conocer por qué una causa prescribió y qué trámites no fueron realizados para evitarlo. Esto es particularmente importante en las causas de corrupción, en las que somos todos afectados”, opinó Carolina Crerar, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Recordemos que el derecho a la información pública se encuentra justificado en el principio de publicidad y transparencia en la gestión del gobierno. Este permite a cualquier ciudadano solicitar información pública en poder del Estado. En consecuencia, el acceso al registro, que constará en la órbita del Consejo de la Magistratura, permitiría sumar un nuevo control de la gestión pública y a la vez, fomentaría la propia transparencia del Poder Judicial.
Las ONGs también destacan que esta iniciativa coloca al Consejo en la avanzada de sus funciones ya que permitiría un verdadero control permitiéndole cumplir acabadamente con la potestad constitucional de ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados.
“Además, este registro permitirá a los ciudadanos evaluar si la ley sancionada es eficiente para acelerar las investigaciones o si, por el contrario, es inadecuada”, agregó Carolina Crerar.
Para María Julia Pérez Tort coordinadora del área Acción con la Justicia de la Fundación Poder Ciudadano “El Consejo debe procurar todos lo medios para lograr un control disciplinario efectivo de los magistrados y la creación de éste registro es una posibilidad.”