Resulta inaceptable que las necesidades políticas de algunos dirigentes terminen siendo la vara para ocupar puestos de enorme jerarquía institucional
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires atraviesa un momento muy particular. Antes del 10 de este mes, el macrismo pretende designar a las nuevas autoridades de algunos de los organismos más relevantes de la ciudad en materia de control público, planificación de políticas y protección de derechos. Esto es, la Defensoría del Pueblo, las tres cabezas del Ministerio Público local, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el Consejo del Plan Urbano Ambiental y el Comité de Seguimiento del Sistema de Seguridad Pública. Estos son los ámbitos concretos en los cuales se deben designar a 31 nuevos funcionarios de alto nivel.
La decisión por tomar es relevante en razón de la trascendencia de los roles institucionales que cada uno de esos organismos está llamado a cumplir. Por esa razón, los candidatos que aspiran a ocupar dichos cargos deberían dar cuenta de un alto grado de cumplimiento de los requisitos fundamentales para el ejercicio adecuado de la función para la cual se postulan: probada idoneidad técnica, absolutamente insospechada idoneidad moral, independencia política respecto del partido de gobierno y un perfil profesional y proactivo en la defensa de las responsabilidades que pudieran estar a su cargo. Además, para asegurar que la selección efectivamente recaiga en los mejores candidatos se requiere un proceso abierto y transparente para las designaciones, con un debate profundo y participativo, basado siempre en razones públicas.
El contexto actual está lejos de ser el indicado para que los legisladores de todas las bancadas adopten las mejores decisiones. Porque el apuro y hasta la aparente sensación de apremio que rodea al referido proceso de designaciones -está previsto definir algunas antes del recambio legislativo va en contra de la transparencia y la serenidad a las que debemos aspirar.
A su vez, la cantidad de legisladores que dejarán sus bancas el mes próximo ha llevado a que, insólitamente, algunos de ellos se autopostulen para ocupar los altos cargos que ellos mismos deben designar. Ello puede derivar entonces en una suerte de monopolización de parte de representantes de la política partidaria de organismos que, por sus características propias, debieran abrirse seriamente a la participación de la sociedad civil.
Uno de los ejemplos más significativos se advierte respecto de las candidaturas que el Poder Ejecutivo ha escogido para el Ministerio Público, órgano del Poder Judicial que exige una clara independencia e imparcialidad respecto del partido de gobierno, para las que se han propuesto figuras de la política partidaria. Impulsar, por ejemplo, a un actual legislador oficialista como futuro fiscal general de la Ciudad constituye una decisión difícil de compartir. Se trata de Martín Ocampo, quien, según el grupo de entidades que lo impugnó, entre ellas, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), no cuenta con los antecedentes necesarios para semejante desafío: nada menos que el de ser el jefe de todos los fiscales de la Ciudad y diseñar una política respecto de las contravenciones y delitos que están a su cargo. El actual fiscal general, Germán Garavano, que realizó una excelente gestión, contaba a la hora de ser designado con amplios antecedentes, por lo que el nombramiento que se procura constituiría un enorme retroceso. Algo muy similar ocurre en el caso particular de la persona que está siendo propuesta para desempeñarse como asesora general tutelar, Yael Bendel, para reemplazar a Laura Mussa. Entre otras cuestiones, la ACIJ la impugnó por no ser especialista y por haber ocupado únicamente cargos en el Gobierno, sin haber participado de concursos.
Estas propuestas pueden constituir un agravio para los profesionales de reconocida trayectoria. Esta forma de profesionalización de la política lleva a que los legisladores con mandato vencido intenten acomodarse dentro de la estructura estatal, de modo de no quedarse sin empleo.
El contexto descripto se agrava sobremanera si se tiene en cuenta que, también antes de fin de año, el oficialismo de la Ciudad buscaría sancionar un conjunto de leyes de alta relevancia, muchas de las cuales se vienen discutiendo en la Legislatura desde hace rato, sin haber aún obtenido el consenso necesario para ser sancionadas.
Recientemente, el ex ministro de Economía y actual diputado electo, Martín Lousteau, habló de un supuesto acuerdo entre el Frente para la Victoria y Pro “basado en nombrar en los organismos de control a un grupo de amigos”. A ello respondió el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo. “Martín debería estar al tanto de que los tres presidentes de bloque de UNEN vienen dialogando conmigo, tanto para los cargos en los organismos, como por las leyes”, dijo.
Esta forma de hacer política basada en el intercambio de favores a cambio de designaciones y votos dista mucho de ser la adecuada en una democracia que procura el bien común. Aquello que ocurre en el Congreso Nacional es replicado en el Parlamento porteño y también en los de las provincias, en los que se reparten prebendas y cargos públicos a cambio de votos. Todo ello, totalmente inaceptable. De la conducta real de los legisladores de todas las bancadas dependerá, en pocos días, la forma en que se resuelva la grave preocupación que aquí expresamos.