Durante dos horas, todos los bloques de la oposición e incluso algunos aliados del oficialismo criticaron con dureza el proyecto de ley del Gobierno que reformula la penalización del terrorismo. Pero en sólo diez minutos el ministro de Justicia, Julio Alak, ratificó la iniciativa y el bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados consiguió las firmas necesarias para emitir un dictamen de mayoría que permite tratar el tema en el recinto.
Son postales de la nueva era. Además, en la misma reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y de Finanzas, el oficialismo obtuvo un dictamen de mayoría para un proyecto que crea cinco nuevas figuras penales para castigar delitos económicos. Los proyectos son una respuesta de la Casa Rosada a las observaciones hechas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el principal foro intergubernamental del mundo para la prevención y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En su articulado, la primera iniciativa propone que el terrorismo deje de ser un delito específico, como hasta ahora, e incorpora un nuevo agravante en la parte general del Código Penal por el que se intensifica la pena de cualquier delito que sea cometido con finalidad terrorista. Se plantea que se aplicará ese agravante a cualquier delito que busque “aterrorizar a la población” u “obligar a las autoridades públicas nacionales o extranjeras a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. Enseguida se aclara que no se castigará el ejercicio de derechos constitucionales.
Este artículo generó, sin embargo, el rechazo de los bloques de la oposición y de varias organizaciones civiles que trabajan en temas judiciales, incluso de algunas habitualmente cercanas al Gobierno, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “El hecho de utilizar conceptos tan abiertos e imprecisos hace posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social”, dice el comunicado, que, además del CELS, firmaron la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) de Hugo Yasky, entre otras organizaciones.
“MAYOR DIÁLOGO POSIBLE”
La oposición fue en la misma senda. “Los proyectos que han enviado exceden con largueza lo pedido por el GAFI y llevan a una criminalización extraordinaria sin necesidad”, sostuvo el presidente del bloque radical, Ricardo Gil Lavedra, que presentó un dictamen alternativo para ambos proyectos. Lo mismo hizo Gustavo Ferrari, del Frente Peronista.
El diputado de Nuevo Encuentro Carlos Raimundi, un aliado del oficialismo, también reclamó cambios. “Pediría el mayor diálogo posible con las organizaciones que se han manifestado en contra”, dijo.
Los diputados del oficialismo no respondieron. Prefirieron dejar la respuesta a Alak y ganar tiempo para avanzar con el tratamiento del resto de los proyectos previstos para el día. “Estamos convencidos de que es la mejor propuesta para ajustar la legislación a los estándares internacionales de lucha contra el terrorismo sin afectar las garantías constitucionales”, dijo el ministro.
Fuentes oficiales explicaron que se eligió plantear la figura como un agravante y no como un delito específico porque ni siquiera las Naciones Unidas alcanzaron una definición de terrorismo. Sostuvieron además que no se favorecerá la criminalización de la protesta social porque el proyecto no crea un delito nuevo sino que agrava los ya existentes.
Por Gabriel Sued