ACIJ / Prensa

Sin derecho al reclamo por la tierra (Miradas al Sur)

Un día después del triunfo electoral del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteña resolvió reabrir la causa contra seis dirigentes de la toma del parque Indoamericano imputados por el delito de usurpación. Mónica Ruejas del barrio Los Piletones, Diosnel Pérez, delegado de la 20, Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente de la 15 y miembro de la agrupación La Jauretche, Luciano Nardulli de la Corriente Clasista y Combativa fueron citados para esta semana pero decidieron no presentarse. También recibieron notificaciones judiciales para ir a Tribunales los referentes Marcelo Chancalay y Elizabeth Revilla.

La decisión de la Cámara se contrapone a lo dictaminado en primera instancia por la jueza María Cristina Nazar en marzo de este año quien entendió que la toma del Indoamericano no podía ser catalogada como un delito, sino como una cuestión social que debía resolverse por canales administrativos. A diferencia de primera instancia, la Cámara de Apelaciones fundamenta su fallo en que si bien en “la gran mayoría de los procesos subyace una cuestión social que puede justificar, agravar o atenuar el reproche penal, empero resulta excesiva esa invocación genérica y voluntarista para agotar, prematuramente, la investigación en torno a los hechos bajo análisis”. El fallo agrega que “la ocupación por parte de quienes allí se instalaron con el objeto de permanecer en el lugar, limitó a los restantes miembros de la comunidad del uso y goce de dicho bien y despojó a la sociedad en su conjunto, representada por el Estado y la Corporación Sur (sociedad del Estado) de la posesión”. En la misma resolución, se determina que el proceso judicial por el delito de usurpación seguirá bajo la responsabilidad de la jueza Nazar. Desde las organizaciones sociales señalan que buena parte del sustento legal en el que se fundamenta la decisión de la Cámara son notas periodísticas donde ellos aparecen haciendo declaraciones sacadas de contexto.

Esta situación llevó a que organismos como Cels, Cta capital, Acij, junto a varios legisladores porteños y decenas de organizaciones sociales plantearán su preocupación por lo que consideran un avance de los sectores judiciales que criminalizan la pobreza (ver subnota). Antecedentes de la Cámara. Para tratar de entender la mirada desde donde se emitió el fallo de la Sala I de la Cámara de Apelaciones que integran Marcelo Vázquez, Elizabeth Marum y Sergio Delgado se pueden observar algunos antecedentes. Este tribunal ordenó meses atrás el desalojo de La Veredita, una toma de personas sin techo, ubicada en la calle Lafuente en Villa Soldati. Allí decenas de familias que venían de hoteles, inquilinatos y villas “pararon” sus maderas y nylons. Los magistrados entendieron que les cabía el delito de usurpación y no el derecho a acceder a una vivienda en el marco del derecho a la Ciudad. Además, esta sala de la Cámara, durante 2009, en un fallo inédito hasta el momento, condenó en 2009 a siete trabajadores del Inti (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) a realizar trabajos de utilidad pública por cortar la avenida Gral. Paz junto a decenas de sus compañeros en el marco de un conflicto sindical, y revirtió la absolución de primera instancia.

Para Luciana Bercovich, abogada de ACIJ, se trata de una “actuación contradictoria del Estado ya que en su momento los recibe para negociar y buscar diálogos y después, es el Estado quien los incrimina de un delito. Hay ausencia del Estado para dar respuestas habitacionales pero sí se hace presente cuando se criminaliza a quienes protestan justamente por esa ausencia”. Diosnel Pérez y Alejandro Salvatierra coincidieron al señalar a Miradas al Sur que “se avanza mucho con nosotros y muy poco con la investigación de las tres personas que murieron esos días. Además, el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad se comprometieron a dar una solución habitacional poniendo los fondos en partes iguales. Y desde ese día no ha pasado nada”. Tras no presentarse los dirigentes sociales serán nuevamente citados para los primeros días de septiembre.

Por Francisco Yofre

Miradas al Sur