Según la denuncia de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ) se habrían falsificado numerosas actas de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas. Esta comisión tiene a su cargo, además, una función clave como lo es el control de los gastos del Gobierno y la recepción y análisis de los informes de la Auditoría General de la Nación.
El presidente de la Comisión, Oscar Lamberto, admite fallas de procedimiento pero niega que éstas revistan gravedad y reconoce, por el contrario, que se trata de prácticas parlamentarias habituales. El hecho es que aparecen firmando una cantidad de actas legisladores que no estuvieron presentes en las reuniones.
El Congreso Nacional no puede tomar con ligereza los aspectos formales y reglamentarios de la actividad parlamentaria. En el respeto por los procedimientos radica ni más ni menos que la legitimidad de los procedimientos legislativos y la base de credibilidad que, por añadidura, deben tener tanto las normas aprobadas como las instituciones encargadas de elaborarlas, discutirlas y sancionarlas.
No puede soslayarse, por otra parte, el serio desprestigio que arrastra el Poder Legislativo por hechos de estas características y otros más graves. Para revertir ese desprestigio debe existir transparencia y extremo cuidado, tanto en el cumplimiento de las normas como en la dinámica del trabajo parlamentario.
Las irregularidades en el control parlamentario de los gastos del Gobierno, denunciadas días atrás, revelarían prácticas parlamentarias reñidas con la transparencia y el apego a las normas.
El presidente de la Comisión, Oscar Lamberto, admite fallas de procedimiento pero niega que éstas revistan gravedad y reconoce, por el contrario, que se trata de prácticas parlamentarias habituales. El hecho es que aparecen firmando una cantidad de actas legisladores que no estuvieron presentes en las reuniones.
El Congreso Nacional no puede tomar con ligereza los aspectos formales y reglamentarios de la actividad parlamentaria. En el respeto por los procedimientos radica ni más ni menos que la legitimidad de los procedimientos legislativos y la base de credibilidad que, por añadidura, deben tener tanto las normas aprobadas como las instituciones encargadas de elaborarlas, discutirlas y sancionarlas.
No puede soslayarse, por otra parte, el serio desprestigio que arrastra el Poder Legislativo por hechos de estas características y otros más graves. Para revertir ese desprestigio debe existir transparencia y extremo cuidado, tanto en el cumplimiento de las normas como en la dinámica del trabajo parlamentario.
Las irregularidades en el control parlamentario de los gastos del Gobierno, denunciadas días atrás, revelarían prácticas parlamentarias reñidas con la transparencia y el apego a las normas.