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Salud Mental y Presupuesto. Por un presupuesto transparente y adecuado

 
Las políticas destinadas a garantizar la igualdad y superar las condiciones de exclusión requieren necesariamente de la asignación y ejecución de recursos públicos. Los recursos deben distribuirse teniendo en cuenta las prioridades establecidas en la Constitución, los tratados de derechos humanos y las leyes a través de los cuales el Estado asumió obligaciones. Por eso, todas las etapas del ciclo presupuestario deben ser concebidas desde una perspectiva de derechos y garantizar la transparencia y acceso a la información, así como espacios de participación ciudadana.
 
La Ley Nacional de Salud Mental dispone que el 10% del presupuesto del Ministerio de Salud debe destinarse a políticas en salud mental. Este documento es el resultado de una investigación que comenzó con la pregunta sobre si se cumple con dicha pauta legal. Y demuestra que debido a la ausencia de transparencia es imposible conocer cuántos recursos se destinan a cumplir con la Ley Nacional de Salud Mental y si alcanzan a cubrir o no la pauta presupuestaria mencionada. 
 
El cuadernillo “Salud Mental y Presupuesto. Por un presupuesto transparente y adecuado” se puede descargar desde aquí.