ACIJ / Prensa

Saber por dónde enfrentarla (La Nación)


El proceso es más o menos así: un funcionario público comete un acto de escándalo; los medios de comunicación lo amplifican; el Gobierno desdeña el tema; los medios oficiales lo desmienten (para señalar, en su lugar, las culpas propias de quienes han hecho o difundido la denuncia), y la Justicia termina por archivar o perder la causa en medio de la maraña procesal que ella ha creado.



En dicho contexto, informes como los que viene produciendo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) pretenden enfrentar el hastío con disciplina de trabajo. Ellos nos permiten ver que el fatigado y fatigante tema de la corrupción trasciende (a la vez que incluye) al Gobierno y a la oposición, a la vez que nos remiten a cuestiones estructurales, que tienen la desigualdad económica en su centro (y así, a empresas y empresarios que se benefician con ella), y, rodeando a dicho núcleo, a una telaraña de alianzas entre los diversos poderes, destinadas a asegurar la protección mutua.



En todo caso, no se trata de situar a todos los demás -a todos los que son distintos de "uno"- en el mismo lugar, para vociferar luego una denuncia general y abstracta.



Dicha proclama, además de resultar paralizante (¿qué se puede hacer, si todo es corrupción y todos son corruptos?), es falsa y, además, no ayuda a reconocer lo que sí puede hacerse frente a casos concretos.



Algunas preguntas, más específicas, pueden darnos alguna idea acerca de lo que aquí está en juego.



Por ejemplo: ¿por qué el Consejo de la Magistratura no designa, o se demora años en designar, a los jueces que deberían ocupar los cargos vacantes, hoy existentes?



¿Qué control frente al poder podemos esperar de los jueces suplentes -subrogantes- que están aguardando que el propio Poder Ejecutivo decida los concursos en los que ellos serán evaluados?



¿Qué fiscal va a investigar a fondo un caso, si la causa en cuestión compromete al poder que puede poner en riesgo la estabilidad del cargo de quien investiga? (Pensemos en la lección que los fiscales habrán aprendido, luego de casos como el del ex fiscal Manuel Garrido.)



¿Qué tipo de resultados pueden imaginarse, en la lucha contra la corrupción, cuando muchos de los abogados más encumbrados que trabajan dentro del Gobierno (desde la Procuración General hasta la Legislatura), mantienen sus estudios jurídicos abiertos, mientras desempeñan funciones públicas? (Eso les permite conseguir clientes "de lujo" y tramitar soluciones también "de lujo").



¿Es que la Justicia (la "familia judicial") se encuentra bien preparada para atender denuncias contra alguno de sus propios miembros?



En otros términos: la corrupción puede encontrarse extendida, pero si tuviéramos algún interés en enfrentarla, no resultaría difícil saber por dónde empezar.



Por Roberto Gargarella



La Nación