Por Walter Schmidt*
El Estado en la Argentina ha dejado hace mucho tiempo de ser, como lo definió Hegel, “la conciencia de un pueblo”, para convertirse en un botín del que se apoderan los gobiernos de turno para alimentar la cultura del despilfarro y el manejo turbio de sus recursos.
El manejo de los recursos en el Estado es de tal oscurantismo que los ciudadanos, que cumplen con la ley y abonan religiosamente sus impuestos, no tienen posibilidad alguna de saber cómo y en qué gastan los funcionarios el dinero de todos.
“Cajas chicas” asignadas a organismos del Poder Ejecutivo sobre las que no se exige rendición o presentación de comprobantes; viáticos exagerados por almuerzos o viajes, muchas veces innecesarios o ficticios; recursos básicos como papel, tinta de impresora, accesorios de librería, etc, malgastados; llamadas telefónicas particulares desde las líneas de las oficinas estatales; incumplimiento de horario; planta de empleados sobredimensionada o sin capacitación alguna.
La rendición de cuentas es un aspecto fundamental para la gobernabilidad de los países, es decir, para la capacidad de los gobiernos de usar eficazmente los recursos públicos. A través de ella, los funcionarios están obligados a informar, justificar y responsabilizarse públicamente por sus actuaciones.
En la vida cotidiana, todos debemos rendir cuentas: los ciudadanos ante la AFIP y los gobernantes y funcionarios ante el pueblo porque, en definitiva, son empleados a los que les paga el pueblo.
Sin embargo, poco se sabe de los hombres de Estado.
En Brasil, cualquier ciudadano puede ingresar al Portal de Transparencia de la Contraloría General de la Unión (CGU) y acceder a los datos de cualquier empleado estatal de rango bajo, medio o alto. Así, puede saber qué cargo ocupa y en qué organismo; la fecha y forma en que ingresó; y cuál es su sueldo. En la Argentina, resulta de por sí bastante complejo acceder a la declaración patrimonial del Presidente o de algunos ministro del gabinete nacional.
¿Por qué? Quizás la respuesta puede deducirse en que no hay herramienta mas eficaz para cotejar si un funcionario “metió la mano en la lata” que analizar, año tras año, su estado patrimonial.
Pero la corrupción ha ido evolucionando en el tiempo y los corruptos fueron dejando de tener bienes a su nombres para poner sus bienes a nombre de cónyuges, familiares y/o amigos, creando a veces sociedades con “conocidos”, pero cuyo principal ingreso provenía del primer eslabón: el funcionario.
De hecho, suena extraño que el gobierno de Cristina Fernández haya modificado la ley de Etica Pública y ya no sea obligación del funcionario presentar la declaración jurada con los bienes e ingresos de los/as cónyuges o convivientes e hijos/as menores de edad. Si el corrupto pone sus bienes a nombre de un allegado, no se sabrá, al menos que haya una denuncia judicial que avance, como ocurre en el caso del vicepresidente Amado Boudou.
Actualmente, sólo puede accederse por Internet a declaraciones juradas correspondientes al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con un informe de Mayo de este año de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en lo que respecta al Poder Legislativo, se encuentran publicadas las declaraciones juradas de sólo 99 Diputados sobre un total de 257 (38,52%), y de 7 Senadores sobre un total de 72 (9,72%).
En el caso de los candidatos a cargos legislativos nacionales durante las últimas elecciones, el grado de cumplimiento de la norma fue prácticamente nulo en relación al universo de obligados.
Respecto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recién a fines de abril de este año reglamentó la ley de declaraciones juradas patrimoniales e integrales y, a raíz de eso, aún no se tienen acceso a las declaraciones juradas de los Ministros del Alto Tribunal. En cuanto al Consejo de la Magistratura aun no emitió su propia reglamentación y por tanto tampoco se encuentran disponibles las declaraciones de los jueces nacionales, federales y provinciales.
En un país como la Argentina, en el que según estimaciones privadas la corrupción y la criminalidad económica se ha llevado unos 13 mil millones de dólares que aún no han sido recuperados por el Estado; con investigaciones judiciales con un promedio de 14 años de demora y que en su mayoría prescriben y/o quedan impunes, si el gobierno de turno no da respuesta claras a un problema mas que evidente, resulta sospechoso.