ACIJ / PROGRAMAS

Referentes de comunidades indígenas se reúnen en Tartagal y consensuaron la “Declaración por el derecho a la Salud integral de los pueblos originarios”

En el marco del Encuentro de Salud Intercultural organizado por las comisiones directivas de Misión La Loma, con el apoyo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -integrante del colectivo Infancia en Deuda- y la Asociación Civil Pata Pila -ejecutores del Proyecto “Llegar al Norte” co-financiado por la Unión Europea-, se reunieron 80 líderes de comunidades originarias de las localidades de San Martín, Orán y Rivadavia, integrantes de las etnias wichí, ava guaraní, chorote y toba, a fin de discutir sobre la problemática de salud desde una perspectiva integral, y reclamar por una pronta reglamentación de la Ley de Salud Intercultural N° 7.856.

En la primera etapa del Encuentro se realizó un trabajo en comisiones, con miras a diagnosticar algunas problemáticas de contexto que impactan en el derecho a la salud, como son la situación de las niñas, niños y adolescentes, el acceso al agua y la situación territorial y productiva. Luego de ello, se realizó un taller jurídico sobre la Ley de Salud Intercultural, la acción de amparo presentada en pos de su cumplimiento y la medida cautelar vigente. Finalmente, cuatro comisiones discutieron en torno al contenido deseable de la reglamentación que debe dictar el Poder Ejecutivo provincial.

A modo de cierre del evento, las comunidades originarias acordaron la redacción y firma de la “DECLARACIÓN POR EL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”. Entre otros asuntos clave, el documento destaca que transcurridos dos años de declarada la emergencia socio-sanitaria, la situación que le dio origen en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia no ha logrado ser revertida. En particular, despierta especial preocupación la situación de niñas, niños y adolescentes que enfrentan problemas actuales vinculados a la educación -especialmente en materia de acceso, calidad, interculturalidad y aquellas vinculadas a los impactos de la pandemia-, a la nutrición y a los consumos problemáticos, entre otros.

Finalmente, las y los líderes de las comunidades decidieron dirigirse: “al conjunto de decisoras y decisores públicos con responsabilidad en estas temáticas, a fin de exigirles que asuman el papel que les toca en la implementación de aquellas medidas necesarias para terminar con la situación de vulnerabilización a la que se encuentran sometidas nuestras comunidades, reviertan la discriminación estructural, y garanticen condiciones de igualdad y el acceso efectivo al conjunto de los derechos humanos.