El presupuesto del año 2010 que presentó el macrismo para la ciudad de Buenos Aires destina 390 millones de pesos a vivienda, en comparación con los 584 que estaban previstos. Las villas recibirán 80 millones de pesos.
Por Eduardo Videla
Para el gobierno de Mauricio Macri, los habitantes de las villas porteñas no serán una prioridad tampoco en 2010. Es que el presupuesto que la actual gestión destinará a vivienda para el próximo ejercicio es notablemente menor que el de este año, y esa disminución también se ve reflejada especialmente en los montos que serán asignados a las villas. De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), los 390,6 millones que el Ejecutivo piensa destinar al rubro vivienda en el presupuesto 2010 representan un 33 por ciento menos que los 584,4 millones que habían sido previstos para el año en curso. Y las asignaciones previstas para las villas (88 millones) son un 56 por ciento menores que lo que se ha otorgado en 2005. De acuerdo con el trabajo, el presupuesto para las villas no sólo es regresivo sino que destina más de la mitad de los fondos a trabajos de emergencia y no a políticas estructurales.
En efecto, el 64,3 por ciento del dinero que se destina a los asentamientos y barrios precarios será administrado por la Unidad de Gestión e Integración Social (UGIS), dependiente del Ministerio de Desarrollo Económico, un organismo que se dedica a la atención de situaciones de emergencia, como tendidos eléctricos, provisión de agua potable o vaciamiento de pozos cloacales.
La UGIS tiene asignado en el presupuesto que ahora está tratando la Legislatura un total de 56.595.000 pesos, mientras que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tendrá para su Programa de Radicación, Integración y Transformación de villas apenas 5.448.000, lo que –según el estudio de ACIJ– representa una caída del 80 por ciento respecto de lo presupuestado para el año en curso. La tercera pata en la estructura que el macrismo diseñó para el trabajo con villas y asentamientos es la Corporación Buenos Aires Sur (CBAS), una sociedad anónima del Estado a la que le han asignado 26 millones de pesos, casi exclusivamente destinados a su funcionamiento. En las partidas también figuran otros 60 millones de pesos destinados a la CBAS para la construcción de viviendas, con recursos que provendrían del Foiso (Fondo de Infraestructura Social), un pozo de dinero creado por el macrismo que todavía no se constituyó.
En particular, de los diez programas que tenía el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), dos desaparecen el próximo año (Vivienda porteña y la operatoria ex AU3), otros siete disminuyen en diversos porcentajes y sólo uno aumenta: el programa Mejor Vivir, cuyas asignaciones provienen del Estado nacional.
Con este diagnóstico coincide el presidente de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Facundo Di Filippo (Coalición Cívica), para quien el presupuesto para el IVC es “proporcionalmente el más bajo de la historia”.
Caída libre
El informe fue elaborado por la ACIJ, una organización no gubernamental, apartidaria, cuya misión es “promover el respeto de los derechos fundamentales y trabajar en defensa de los grupos más vulnerables de la sociedad”. Desde hace cuatro años, la organización desarrolla el programa “Redes de trabajo en villas urbanas”, cuya finalidad es lograr el cumplimiento de los derechos de los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, territorios donde se dan las mayores postergaciones que colocan a sus habitantes en situación de desigualdad.
La situación de “emergencia habitacional” que afecta a los vecinos de la Ciudad adopta distintas formas: familias en situación de calle, o que viven en hoteles, inquilinatos, conventillos, asentamientos, los llamados Núcleos Habitacionales Transitorios (NHT) y las villas propiamente dichas. Según datos oficiales de 2006, elaborados por la Asesoría General Tutelar de la Ciudad, las condiciones de precariedad y emergencia alcanzarían como mínimo al 15 por ciento de la población de la Ciudad.
Según el informe de ACIJ, esta situación se ha agravado en los últimos años a partir de medidas como “el veto a la parte sustancial de la ley de Emergencia Habitacional sancionada por la Legislatura (es decir, la suspensión de los desalojos), la modificación de la normativa para la entrega de subsidios habitacionales, el aumento exponencial de los desalojos y la creación de una unidad (la UCEP) destinada a controlar el espacio público y mantenerlo libre de ‘usurpadores’”.
El trabajo de la ONG realiza una comparación entre los presupuestos asignados a políticas de vivienda definitiva. Los valores netos pasan de 379,6 millones en 2006 a 584,4 millones en 2009, pero para el año próximo se prevé una caída a 390,6 millones, lo que representa una drástica disminución del 33 por ciento en un año. Y si se tiene en cuenta el deterioro por el aumento del costo de vida, la caída es del 37,5.
El dramático deterioro del presupuesto destinado a vivienda puede verse con claridad al observar la evolución histórica del porcentaje para ese rubro, que pasa del 5,4 por ciento en 2006 al 3,5 por ciento en 2009 y al 2 por ciento en 2010. Peor suerte corren las asignaciones para las villas: según el desglose realizado por ACIJ, el monto para el año que viene es igual al de 2005, pero representa sólo el 0,5 por ciento del presupuesto, cuando hace cinco años era del 1,5 por ciento (ver cuadro).
Un mapa confuso
No hay datos precisos sobre la cantidad de personas que habita las villas de la Ciudad de Buenos Aires, pero se estima que su población oscila entre 230 mil y 300 mil personas. En forma deficiente, la Comisión Municipal de la Vivienda, hasta 1997, y el IVC, a partir de entonces, se ocuparon de atender la problemática habitacional en las villas en los últimos años, a través de políticas de radicación y urbanización. Hasta 2008 se llevó a cabo el Programa de Radicación, Integración y Transformación de villas (PRIT), pero ese año la gestión de Mauricio Macri modificó la estructura y las funciones de los organismos responsables de la urbanización y la provisión de servicios públicos en las villas.
Así, mediante un convenio de “cooperación y asistencia” entre el IVC, la Corporación Buenos Aires Sur y la UGIS, el Instituto de la Vivienda “encomienda” la realización de tareas de urbanización de villas a la Corporación y de obras de emergencia a la UGIS. El gobierno de Macri pretendió consolidar esta estructura en forma definitiva y con esa intención envió a la Legislatura un proyecto de ley, pero después de haber pasado más de un año de su presentación no hubo acuerdo con los bloques opositores para su aprobación.
Por esa razón, el responsable legal de las políticas de vivienda para las villas sigue siendo el IVC. Pese a ello, en el proyecto de Presupuesto 2010 que está analizando la Legislatura se le asignan partidas a la UGIS y a la CBAS para intervenir en las villas.
A este panorama de intervenciones estatales múltiples y confusas se agrega la participación de otros ministerios que no tienen competencias ni partidas presupuestarias específicas destinadas a las villas, pero que se encuentran desarrollando actividades en esos territorios. Es el caso del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuyo titular, Juan Pablo Piccardo, manifestó –en una causa judicial– ser el “responsable político” de las negociaciones en las villas 31 y 31 bis. Ese ministerio –-que encabezó la ofensiva del gobierno para frenar las construcciones en altura dentro de la villa– integra junto al de Desarrollo Social, a cargo de María Eugenia Vidal, la mesa de trabajo con delegados vecinales, destinada a coordinar trabajos en esa área.
El retroceso en cifras
La población de las villas porteñas sigue en franco crecimiento. Las últimas cifras oficiales, de 2001, indican que la población de las villas era algo superior a los 107 mil habitantes. El último censo realizado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad en las villas 31 y 31 bis comprobó que allí la población había aumentado un 115 por ciento. Si se aplica ese aumento a todas las villas de la Ciudad, la población actual alcanzaría los 230 mil habitantes. Pero si se tiene en cuenta que además desde entonces se han registrado nuevos asentamientos en terrenos de la Ciudad, la población podría alcanzar los 300 mil personas, según cálculos de la presidencia de la Comisión de Vivienda de la Legislatura.
Por el contrario, en materia de presupuesto destinado a políticas públicas para villas, dice el informe de ACIJ, el retroceso en términos reales es permanente, a saber:
– El presupuesto total proyectado por el Poder Ejecutivo para villas en 2010 es un 56 por ciento menor al aprobado en 2005 (aplicado el deterioro producido por la inflación).
– Las partidas asignadas al Programa de Radicación, Integración y Transformación de Villas del IVC son un 80 por ciento menores a las aprobadas para 2009.
– La mayor parte del presupuesto se destina al organismo encargado de las emergencias: el 64,2 por ciento del total se destina a la UGIS, mientras que al PRIT se destina sólo el 6,2 por ciento del presupuesto para villas. Dentro de la estructura actual, el PRIT es el único programa que podría desarrollar políticas estructurales o solicitar a la Corporación Buenos Aires Sur que las realice.
– En cuanto a la Corporación, la partida de 26 millones proyectada para el año próximo está destinada exclusivamente a gastos operativos, es decir, para el funcionamiento del organismo.
– Las obras que realiza la Corporación Buenos Aires Sur sólo aparecen en su propio presupuesto como “transferencias al sector público empresarial”, de modo que quedan fuera de control para la Legislatura y la sociedad cuál es el motivo de “la transferencia y los plazos de ejecución”.
A propósito de las obras de emergencia, el titular de la UGIS, Federico Angelini, justificó su prevalencia presupuestaria en “la necesidad de atender las urgencias, como tendidos eléctricos internos, servicios atmosféricos y obras cloacales y de agua potable de menor envergadura”. Esas obras son asignadas a cooperativas de trabajadores de cada villa.
El trabajo de ACIJ, realizado por Luciana Bercovich, Mariana Hirsch y Mariel Acosta, fue entregado días atrás a los legisladores que integran la Comisión de Vivienda de la Legislatura y a los presidentes de bloque. “Si en el Presupuesto se cristalizan las decisiones y planificaciones de un gobierno, podemos concluir que cumplir con el derecho a la vivienda de los habitantes de las villas no es una prioridad para el gobierno de la Ciudad”, concluye el informe.