28.09.20 // Novedades, NOVEDADES, Presupuesto y Derechos Humanos (novedades)

Recomendaciones para una regulación de los gastos tributarios con enfoque de derechos

La política fiscal de los Estados es trascendental para la realización de los derechos humanos. Permite obtener recursos para financiar políticas públicas que garantizan derechos; redistribuir el ingreso y la riqueza; fortalecer la representatividad de un gobierno y sus instancias de rendición de cuentas; promover determinadas conductas, como el cuidado del ambiente, o desincentivar otras, como el consumo del tabaco. Por eso, como toda otra actividad gubernamental, la política fiscal debe estar guiada por el cumplimiento de los compromisos de derechos humanos asumidos por el Estado.

Los gastos tributarios son tratamientos impositivos diferenciales que benefician a ciertos grupos o sectores reduciendo las contribuciones que deberían enfrentar y, en consecuencia, limitando los recursos disponibles del Estado. Se trata de políticas que insumen una gran cantidad de recursos y reducen en un 10% la capacidad de recaudación impositiva: el monto estimado para el año 2021 alcanza a $995.799 millones, que equivale a 2,64% del PBI y representa el 11,86% del presupuesto total financiado con gasto público. 

A pesar de su enorme costo, la información que se produce sobre los gastos tributarios es insuficiente, su discusión es muy débil y poco transparente. En general, son regulados a través de normas que no estipulan plazos de caducidad transcurridos los cuales deban revisarse, o si lo hacen se trata de plazos extensos que no permiten un debate oportuno y adecuado acerca de su conveniencia e impacto. Mientras que un programa de gastos directos, por lo general es revisado anualmente por los organismos que los administran y es pasible de ser auditado, los gastos tributarios quedan de año a año sin que su impacto sea monitoreado expresamente.

Para que los gastos tributarios sean justos y no generen privilegios, el Estado debe:

  1. garantizar que tengan enfoque de derechos humanos y de género,
  2. debatir en profundidad su aprobación y revisión a través de procesos transparentes, participativos y basados en evidencia,
  3. publicar información actualizada, oportuna y detallada sobre los costos, beneficios esperados y beneficiarios,
  4. institucionalizar la realización de evaluaciones de impacto,
  5. eliminar aquellos que no tengan justificación o sean inequitativos.

En este documento analizamos la forma en que se aprueban y se aplican los gastos tributarios en Argentina, y proponemos una serie recomendaciones para garantizar una regulación más transparente y más equitativa. 

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