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Reclaman transparencia al Gobierno en el reemplazo del ex fiscal de Investigaciones (La Nación)

La renuncia de Manuel Garrido a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que justificó su dimisión en el recorte de facultades que sufrió el año pasado, encendió luces de alarma en las ONGs dedicadas al seguimiento de las políticas públicas.

Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) lamentaron la decisión de Garrido, alertaron sobre el riesgo de que el Gobierno se maneje discrecionalmente en la designación del remplazante. Además, en declaraciones a lanacion.com, advirtieron que las causas que el ex fiscal impulsó contra funcionarios kirchneristas queden en la nada.

Previsible. “La renuncia es muy preocupante desde el punto de vista institucional. También era esperable, considerando el golpe que recibió de parte de [el procurador general de la Nación, Esteban] Righi. Es un indicador Es un indicador de que el sistema termina cansando a los que luchan contra la corrupción”, evaluó Laura Alonso, directora de Poder Ciudadano.

Enseguida, puso la lupa sobre la elección del próximo titular de la FIA. “Teniendo en cuenta que el nombramiento en la OA, que se hizo sin ningún tipo de selección y lo que ocurre en la AGN tenemos que estar atentos. Y vamos a pedir que se garantice que la sociedad civil pueda presentar sugerencias y objeciones [respecto de los candidatos] y que sean tratadas”, planteó.

Se refirió así a la designación en la Oficina Anticorrupción de Julio Vitobello, un ultrakirchnerista que ya había exhibido inactividad al frente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y los intentos del Gobierno de limitar las atribuciones del titular de la Auditoría General de la Nación.

Paso a paso. El procedimiento para nombrar al nuevo titular de la FIA está contemplado en la ley 24.946 que regula todo lo relativo al funcionamiento del Ministerio Público. La norma establece que el proceso comienza con la apertura de un concurso por parte de la Procuración General de la Nación, hoy a cargo de Esteban Righi.

Righi fue quien en noviembre del año pasado, a través de la resolución 147/08, hizo una interpretación estricta del concepto de “intervención necesaria” que la ley le confiere a la FIA. Como consecuencia de ello, Garrido sólo quedó habilitado para participar de causas que se hubieran iniciado por una denuncia de él, siempre y cuando el fiscal del caso hubiera decidido no seguir adelante con la investigación. Esos límites fueron determinantes en la decisión del ahora ex fiscal.

Luego, la Procuración selecciona una terna que remite al Poder Ejecutivo, que, a su vez, elige un candidato. El paso final se da en el Congreso, donde el Senado debe dar acuerdo al elegido. Para que quede seleccionado basta con el respaldo de la mayoría simple de los legisladores presentes.

Oportunidad. También preocupado por la transparencia del proceso, el director de ACIJ, Gustavo Maurino, apuntó a la responsabilidad del Gobierno. “El Gobierno debería saber que tiene la responsabilidad de que [la renuncia de Garrido] rinda en un progreso y no en un silenciamiento futuro de la FIA. Si el proceso no es público, transparente e independiente, el Gobierno será culpable. Está ante una oportunidad clave para fortalecer o debilitar las instituciones”.

En este punto, sugirió que, para aumentar la transparencia y acotar el riesgo de discrecionalidad, y “teniendo en cuenta los antecedentes”, el Senado podría convocar a una audiencia pública con el postulante elegido por el Poder Ejecutivo. “Sería una instancia interesante para que la sociedad civil conozca al candidato y sus antecedentes y plantee su postura antes de que el Congreso apruebe su nombramiento”, consideró Maurino.

Corrupción y transparencia. Carlos Oteiza, presidente de Fores, coincidió con Alonso en que la renuncia de Garrido es “consecuencia de las presiones y la limitación de facultades” a las que quedó expuesto el ahora ex fiscal y afirmó que el caso “vuelve a generar dudas” sobre si la Argentina cumple con las convenciones de la ONU sobre lucha contra la corrupción.

También resaltó la importancia de “garantizar transparencia” en la elección de su sucesor y advirtió que “existe la posibilidad de que el Gobierno trate el tema con discrecionalidad”, sobre todo, por las recientes designaciones en la OA y la Sigen a las que tildó de “mal intencionadas”.

Además, advirtió que las causas impulsadas por Garrido, entre las que se destacan las que investigan el Indec, el patrimonio de Kirchner, el presunto pago de coimas de Skanska y las obras de Santa Cruz podrían quedar en el olvido. “Hay que esperar que asuma el nuevo fiscal y ver si decide o no impulsar esos expedientes. Pero existe un alto riesgo de que las investigaciones se diluyan y es algo que hay que evitar”, alertó.

Por Lucrecia Bullrich

La Nación