WASHINGTON (De nuestra corresponsal).- Inquietas por los efectos nocivos de la prolongada ausencia de un defensor del pueblo formalmente designado para el cargo, un nutrido grupo de organizaciones civiles logró ayer la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se comprometió a intervenir en una cuestión que “erosiona” las instituciones.
“Me gustaría poder ayudar en esto”, dijo el comisionado Pablo Vanucci, tras escuchar la inquietud de las organizaciones civiles. “La ausencia de esa función daña a las instituciones, las debilita, y no es bueno”, añadió el comisionado, quien viajará en breve al país en una visita previamente acordada.
“La Defensoría está poco menos que catatónica y eso afecta, sobre todo, el respeto a los derechos humanos de quienes menos posibilidades tienen”, dijo Luciana Bercovich, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Representantes del Gobierno, delegados por la Casa Rosada para viajar, expresaron “extrañeza” por semejante inquietud porque “sobre todo, desde 2003, la Argentina es muy cuidadosa en eso”.