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Piden reponer al perito clave que investigó el patrimonio K (Clarín)

Cuatro ONG solicitaron ayer al procurador general de la Nación, Esteban Righi, que reponga en su puesto de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas al contador Eduardo Blanco Alvarez, quien había detectado irregularidades en la declaración jurada de bienes de la presidenta Cristina Kirchner del 2008 , entre otras investigaciones sensibles. Righi había aceptado, la semana pasada, sacarlo llamativamente de la FIA y enviarlo a asistir al fiscal del juicio oral por la mafia del oro, una tarea donde no hay funcionarios del gobierno K investigados.


En un documento, las ONG subrayaron que Blanco en informe habría detectado “25 inconsistencias y contradicciones por 24,7 millones de pesos” en el patrimonio investigado de Cristina y Néstor Kirchner. Además, había realizados peritajes trascendentes en la denuncia contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime por usar taxis aéreos pagados por empresarios que debía controlar y en el caso Skanska. Antes de trabajar en la FIA fue perito del ex director de Inteligencia Fiscal de la DGI, Carlos García Lorea.


La nota está firmada por Gustavo Maurino, de la Asociación Civil por la Igualidad y la Justicia; Hernán Charosky, de Poder Ciudadano; Martín Bohmer, de CIPPEC; y Alfredo Popritkin, de Contadores Forenses ONG.


Entre otros argumentos, las ONG señalan que Righi, como jefe de todos los fiscales federales, debe “adoptar todos los recaudos necesarios, tanto a nivel sustantivo como formal, para evitar suspicacias sobre la indebida influencia de los poderes políticos en las decisiones relevantes en esa materia”.


Voceros de Righi consultados por Clarín afirmaron que el traslado de Blanco “es transitorio” y que volverá a la FIA cuando termine el juicio oral por la mafia del oro. De todos modos, adelantaron que Righi dará una respuesta cuando vuelva de vacaciones, al término de la feria judicial.


En el documento, las ONG recordaron que Blanco Alvarez envió una nota al fiscal subrogante de la FIA, Guillermo Noailles, “en la cual manifestaba su disconformidad con la decisión”. Noailles reemplazó, el año pasado, a Manuel Garrido, al frente de la FIA cuando éste se fue peleado con Righi y denunciando que en la Argentina había “impunidad casi total para la corrupción”.


Por otra parte, el documento señala que “la decisión (de Righi) deja a uno de los organismos encargados de la lucha contra la corrupción –abruptamente- sin una persona especializada en esta materia, contrariando de este modo lo dispuesto en la Convención de la ONU contra la Corrupción”.


Aquí tocaron un punto clave para el sistema de organismos de control y judiciales: la neutralización de los investigadores por parte de los gobiernos de turno y el retraso en cumplir con algunos puntos de esa convención y la interamericana. Pasó con el menemismo y ahora con el kirchnerismo. Por un lado, en la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, su presidente radical Leandro Despouy es resistido por auditores que responden al gobierno. Por otro lado, la SIGEN en manos del kirchnerista Daniel Resposo se niega a entregarle 300 informes a la AGN y restringió el acceso de los ciudadanos a esa documentación. Y lo más importante las dilaciones para tratar el proyecto de ley contra la corrupción que propicia el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Vega y que incorpora la figura del arrepentido.


 


Por Daniel Santoro


Clarín