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Ordenan garantizar el servicio eléctrico en la Villa 21-24

La justicia porteña le ordenó al Gobierno de la Ciudad que elabore un “proyecto eléctrico adecuado” para “solucionar las falencias y peligros del deficiente servicio de electricidad en el Barrio 21-24 de Barracas”. Tendrá que ser presentado en un plazo máximo de 60 días, con las partidas presupuestarias correspondientes. En la villa del sur capitalino, compuesta por 64 manzanas, registran desde mayo un promedio de tres incendios por semana a causa de la falta de energía.

Se trata de una sentencia definitiva a cargo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad –integrada por los jueces Mariana Díaz, Fabiana Schafrik y Fernando Juan Lima– en la causa “Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y otros contra GCBA sobre Amparo”. Según el fallo, el “proyecto eléctrico adecuado” deberá conformarse de acuerdo a pautas generales establecidas por el ENRE, y validado por este organismo. 

“La prestación de un deficiente servicio de electricidad en el barrio en cuestión, podría ocasionar daños a la salud y a la vida de los habitantes, cuya protección constituye un bien fundamental”, manifestó el tribunal ante la demanda iniciada en conjunto por vecinos, la ACIJ y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad.

Entre las principales fallas y situaciones de riesgo detectadas por los técnicos enviados, figuran “daños a bienes y personas por incendios o sobrecarga de cables u otra parte de la instalación; electrificación de rejas con la consecuente electrocución por contacto indirecto con partes bajo tensión, electrocución por contacto directo con cables colgando o sin aislamiento adecuado; electrocución por manipulación de instalaciones inadecuadas o fuera de norma; infinidad de problemas vinculados ya sea a la falta de suministro por cortes reiterados, baja de tensión y oscilaciones debido a las instalaciones internas deficientes y riesgosas”. 

El fallo afirma que “en este contexto, las probanzas de la causa permiten tener por acreditada la omisión del GCBA en garantizar que el servicio de electricidad, dentro de la esfera de sus competencias y obligaciones, sea prestado en la villa 21-24 en condiciones adecuadas, evitando riesgos a la vida y a la salud de sus habitantes”.

La situación eléctrica de la 21-24 es crítica. De mayo a agosto sufrieron cortes sistemáticos de Edesur todos los días, desde las 15 hasta pasadas las 23 horas, para que no haya cortes en el resto de la Comuna. “Esto generó un promedio de tres incendios de casas por semana”, afirma a Tiempo el presidente de la junta vecinal, Cristian Heredia. Su propia casa fue una de las que se prendió fuego. La mayoría de las veces fue por velas.    
Desde la ACIJ afirmaron que la sentencia judicial “es un antecedente fundamental en cuanto al derecho que tienen quienes habitan las distintas villas y asentamientos de las ciudades, a contar con servicios públicos (electricidad, agua, gas) seguros, de calidad, y equivalentes a los que se prestan en el resto de la Ciudad”.

Este fallo se enmarca en un contexto de anuncios recientes de urbanizaciones de villas por parte del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, todas ya dictaminadas por leyes de hace años en la Ciudad, pero nunca cumplidas. Esto sucede en lo discursivo. En la práctica, las mejoras en servicios e infraestructura siguen sin aparecer. Así lo refleja un dato clave del Ministerio de Hacienda porteño: en el primer semestre de 2016, el programa “Reintegración, Integración y Transformación de Villas” que depende del Instituto de la Vivienda, no gastó un solo peso de los 154.616.707 presupuestados para este año.