En el marco de un amparo colectivo que iniciamos en 2019, la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires ordenó al gobierno porteño la implementación de políticas públicas para terminar con la discriminación de las personas con discapacidad en escuelas de gestión privada.
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Buscamos recuperar las voces de las personas con discapacidad y sus familias para visibilizar algunos de los obstáculos más frecuentes que impiden a estos alumnos y alumnas contar con los apoyos necesarios para sostener sus trayectorias escolares en el sistema general de educación.
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El objetivo es orientar la labor de profesores y profesoras mediante el desarrollo de algunos lineamientos generales para repensar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el sentido indicado por los tratados internacionales de derechos humanos.
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Concluimos que los principios que gobiernan los mercados educativos competitivos con alta presencia de actores no estatales tienden a entrar en contradicción con aquellos que sustentan la educación inclusiva.
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La Dirección de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, realiza anualmente un relevamiento en el que recoge información educativa de todas las provincias y consolida las principales variables de nuestros sistemas de enseñanza.
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Tiene por objetivo brindar al personal docente, directivo y a estudiantes de carreras docentes que residan en países de América Latina y el Caribe herramientas teóricas y prácticas para promover la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas regulares.
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El documento busca ser un insumo para los Estados y las organizaciones de la sociedad civil que deseen abocarse a transformar esta realidad.
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El Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso una resolución, auspiciada por 54 Estados, en la que reafirma su reconocimiento a los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación e insta a los gobiernos a actuar contra la comercialización de la educación.
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La Cámara de Apelaciones ratificó la medida cautelar impuesta al Gobierno porteño con el fin de garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños con discapacidad en las escuelas comunes privadas. Hasta el momento, el Ministerio de Educación no la cumplió.
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Como parte de la Red Regional de Educación Inclusiva (RREI) solicitamos la derogación del Decreto 10.502 que significa un preocupante retroceso en relación a los estándares alcanzados por Brasil en materia de educación inclusiva.
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