Aunque no existen datos oficiales, se estima que al menos 500.000 estudiantes no empezaron las clases en la educación obligatoria, lo que equivaldría a una niña o niño menos por aula y podría aumentar hasta a 3 adolescentes por clase en el nivel secundario.
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Deberá entregar los datos que permitan conocer el impacto de la pandemia y la profundización de desigualdades sobre las trayectorias escolares de estudiantes. En particular, la información cuantitativa sobre el abandono escolar durante este período.
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La información surge de un pedido de AIP al Ministerio de Educación Nacional. Al día 15 de noviembre sólo se entregó el 4,3% de los dispositivos proyectados. Además, resta brindar conectividad al 51,5% de las escuelas estatales del país.
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El Consejo de Derechos Humanos aprobó por consenso una resolución, auspiciada por 54 Estados, en la que reafirma su reconocimiento a los Principios de Abiyán sobre el derecho a la educación e insta a los gobiernos a actuar contra la comercialización de la educación.
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En mayo de 2020, ACIJ demandó al GCBA con el objetivo de exigir un adecuado acceso a internet en las villas porteñas para garantizar los derechos de quienes las habitan en condiciones de igualdad. A más de un año de iniciada la causa, la Justicia porteña sigue dando respuestas negativas a esta grave problemática.
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El GCBA omite adoptar políticas integrales de conectividad y brindar soluciones dirigidas a quienes no pueden sostener las instancias de presencialidad.
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Solicitamos conocer la información que fundamenta la limitación de este derecho y exigimos la adopción de medidas que contengan los impactos negativos a la educación de este contexto.
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Las autoridades educativas porteñas no dieron ningún tipo de información ni adoptaron medidas para la continuidad educativa de quienes no podrán asistir a las aulas.
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Se enmarca en una preocupante desinversión a la educación pública por parte del GCBA, que para este año se prevé la asignación más baja para el Ministerio de Educación en los últimos 9 años.
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El TSJ porteño emitió un fallo que restringe el derecho a la educación para la población de entre 45 días y 3 años. La sentencia es contraria a lo que establece el Art. 24 de la Constitución local y desconoce compromisos asumidos por el Estado.
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