Presentamos el informe “La Pandemia en la Villa 31”, un documento elaborado por ACIJ que detalla y analiza las medidas tomadas por el Estado y las acciones llevadas adelante por la comunidad frente a la crisis sanitaria en este barrio popular porteño.
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El TSJ porteño rechazó la demanda interpuesta por el CUCICBA, que solicitaba la declaración de inconstitucionalidad de la Ley N° 5.859 sancionada en 2017, y que establece, entre otras cuestiones, el pago a cargo del propietario de la comisión inmobiliaria en los casos de locaciones urbanas de vivienda.
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En mayo de 2020, ACIJ demandó al GCBA con el objetivo de exigir un adecuado acceso a internet en las villas porteñas para garantizar los derechos de quienes las habitan en condiciones de igualdad. A más de un año de iniciada la causa, la Justicia porteña sigue dando respuestas negativas a esta grave problemática.
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Apenas las condiciones sanitarias lo permitan, las organizaciones que trabajamos la temática estaremos desarrollando el nuevo censo con la misma metodología empleada durante los censos 2017 y 2019.
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Te mostramos la diferencia entre las cifras del gobierno porteño y las que generaron las organizaciones sociales en el 2019 y el impacto que eso tiene en las políticas públicas y en el presupuesto asignado.
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Expresamos nuestro rechazo respecto a la realización de un nuevo censo de personas en situación de calle que subregistra a la población.
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Te presentamos la primera edición de #HábitatEnCrisis, una serie de hojas de datos para entender la problemática habitacional de nuestro país
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Si tu vivienda está en riesgo o conocés a alguien en esta situación, accedé y compartí nuestra guía con información y herramientas legales.
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Ante un escenario habitacional alarmante es urgente que el Poder Ejecutivo prorrogue este DNU y, en paralelo, impulse políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda, de lo contrario, miles de familias podrán ser desalojadas en las próximas semanas.
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Desde ACIJ, junto a distintas organizaciones de la sociedad civil y la academia, conformamos una Mesa por la Conectividad en ocasión de de la reglamentación del decreto 690/2020, que establece el carácter de servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia de los servicios de telefonía móvil y fija, internet y TV por cable.
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