Un grupo de ONG especializadas en la protección de los derechos civiles y el control de la Justicia advirtieron que el proyecto de reforma de la Ley de Ministerio Público impulsada por el Gobierno “pone en riesgo la independencia” del Procurador General y “amenaza con debilitar” tanto su figura como la del Defensor Público. La iniciativa oficial que comenzará a tratarse en el Senado, alertaron, “constituye un peligro para la división de poderes” de la República.
El pronunciamiento contra la iniciativa que impulsó el ministro de Justicia, Germán Garavano fue firmado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC). También por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP) y Poder Ciudadano.
Los ejes de la crítica son tres: 1) el proyecto “no asegura la idoneidad, independencia ni legitimidad” del jefe de los fiscales que sucederá en ese cargo a la renunciante Alejandra Gils Carbó; 2) el acotamiento de límites formales para su remoción hará que quien esté en ese puesto sea “menos proclive a investigar casos que afecten al poder de turno”, y 3) el recorte en la duración de su mandato no permitirá “desarrollar un plan de acción en política criminal”.
Sobre el primer punto explicaron que la “idoneidad e independencia” está atado al requisito de aprobación en el Senado para la designación, que actualmente es de los dos tercios de la Cámara. Sin embargo, el proyecto de Cambiemos intenta que la aprobación sea por mayoría simple.
Al respecto recordaron el caso de Daniel Reposo, quien hace cinco años había sido propuesto por el Gobierno que tenía la mitad más uno de los votos a favor en la Cámara alta, pero cuya candidatura cayó luego de que se comprobara que “había falsificado sus antecedentes” profesionales. “Si este proyecto de ley hubiera estado vigente en ese momento”, explica el documento, Reposo hubiera sido Procurador a pesar “de las numerosas objeciones en torno a su idoneidad”.
Para fundamentar el segundo punto, las ONG hicieron referencia a la eliminación del juicio político como herramienta para el reemplazo del jefe de los fiscales. La propuesta macrista establecería que la destitución sea por simple mayoría en ambas cámaras del Congreso. “Un Procurador fácil de remover es menos proclive a investigar casos que afecten al poder de turno”, argumentaron al respecto.
Por último, sobre el recorte de la duración del mandato, las organizaciones sostuvieron que si bien “el cargo no debe ser vitalicio”, el período de 5 años (con renovación de hasta dos más) que propone el Gobierno es “muy exiguo” para que se pueda desarrollar “un plan de trabajo estratégico que enfoque las necesidades de política criminal”. Por ello recomendaron que el período de duración en el cargo no sea inferior a los 7 años, tres más de lo que dura un mandato presidencial.
Las alertas no sólo fueron puestas en los cambios que tendrán la figura del Procurador sino también la del Defensor General. Por ello, ante la magnitud de las figuras institucionales que involucran el proyecto oficial, las ONG sostuvieron exigieron que el Gobierno “debe convocar a todas las organizaciones de la sociedad civil que desde hace años trabajamos por la consolidación del Estado de Derecho”. La reforma, concluyeron, requiere “un debate amplio y plural que no puede lograrse con un proyecto de ley negociado a puertas cerradas”.