La Justicia vuelve a condenar al Senado a brindar información pública

A partir del fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal del 27 de mayo último, el Senado deberá publicar en su página web (www.senado.gov.ar) todos los decretos de carácter parlamentario y administrativo emitidos por la Presidencia del cuerpo.
Mediante estos decretos, el Presidente reglamenta cuestiones tan importantes como las dietas de los legisladores, los gastos de representación y movilidad, los permisos de ausencia y las contrataciones de personal, entre otros asuntos.
En diciembre pasado, la jueza en lo contencioso administrativo federal Clara Do Pico había ordenado su publicación, en un expediente iniciado con una acción de amparo presentada por las organizaciones frente al incumplimiento por parte del Senado de lo establecido en el Reglamento Interno del cuerpo. Pero la sentencia de primera instancia no se hizo efectiva porque el Senado presentó una apelación, al tiempo que comenzó a implementar la publicación de parte de los decretos.
“Celebramos el fallo de la Justicia porque defiende el derecho de acceso a la información pública y avanza en la construcción de instituciones más sólidas, transparentes y cercanas a la ciudadanía. Recibimos con agrado esta noticia porque cuando presentamos el caso esta información era muy difícil de conseguir y hoy ya el Senado se encuentra trabajando en la publicidad de estos decretos como parte del Plan de Fortalecimiento del Senado”, expresó Nicolás Ducoté, Director Ejecutivo de CIPPEC.
La Cámara sostuvo que la omisión de la publicación y la publicación parcial de los decretos administrativos vulnera el derecho a la información. En tal sentido, afirmó que es reconocido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación “como derecho de naturaleza social, que garantiza a toda persona el conocimiento y la participación en todo cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos” y además, “es inherente al sistema republicano y a la publicidad de los actos de gobierno”.

Por otra parte, los camaristas Jorge Argento y Carlos Grecco precisaron que el acceso a la información pública en cuanto a ejecución presupuestaria en lo relativo a gastos y recursos llega “hasta su último nivel de desagregación”.

Para Gustavo Maurino, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), “la sentencia del caso es una importante reafirmación de los principios republicanos que deben regir nuestra vida institucional. El secreto no tiene lugar en una democracia decente”.