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Justicia para la corrupción (La Nación)

La Argentina es y será un país vivible sólo si la Justicia funciona. En este sentido, es un signo sumamente positivo que el Tribunal Oral Federal haya condenado a Astiz y a otros once imputados en la causa de la ESMA, por 86 casos de torturas, asesinato y desapariciones. En los casos de violaciones a los derechos humanos la Argentina está saldando una deuda consigo misma. Sin embargo, hay un rubro en el que el país sigue inerme, y ese rubro es la ausencia de Justicia para los casos de corrupción, uno de los delitos más corrosivos, que se ha extendido capilarmente en el país.

Hemos suscripto tratados internacionales de lucha contra la corrupción, como el de las Naciones Unidas, en 2006, pero la Argentina sigue siendo uno de los países donde menos casos llegan efectivamente a la Justicia, según un informe de la ACIJ. De hecho, prescriben causas sumamente resonantes simplemente porque, a pesar de que transcurren larguísimos lapsos de tiempo, no se llega a un fallo. En esa prescripción ingresaron los casos Yoma, Tandanor, IBM-Anses, y Cirigliano por citar algunos, y otros están por ingresar. El problema no es sólo público, claro: la corrupción tiene todavía una inmensa anuencia implícita por parte de la población, que la coloca muy lejos de sus prioridades y preocupaciones. En esta línea es oportuno recordar, por ejemplo, que el juicio oral de los sobornos en el Senado comenzará el 22 de noviembre próximo. El caso no ha carecido de obstáculos: en estos días, dos peritos fueron condenados por falsear pericias telefónicas para beneficiar a los acusados. Pero este caso tiene una particularidad que no tiene antecedentes en la justicia argentina, como es que el ex secretario administrativo del Parlamento, Mario Pontaquarto, ha confesado su culpabilidad y ha dado precisiones espeluznantes de cómo funciona la corrupción política en la Argentina. Cabe agregar que las pruebas que ha recolectado el Juez Rafecas han sido confirmadas por la Cámara Federal. Pontaquarto se ha convertido en un “arrepentido”, figura que todavía no es protegida, para estos casos, en la Argentina. De hecho, la ley 25.764 de protección de testigos y arrepentidos, no protege a arrepentidos en casos de corrupción. Pero eso supone desaprovechar un recurso muy usado en otros países. Señalan los especialistas que los norteamericanos son en esto, por ejemplo, muy pragmáticos: están dispuestos a recompensar al que confiesa, siempre que tenga las pruebas de lo que dice, con el fin de dar elementos a la justicia. El arrepentido puede ser una figura esencial para combatir la corrupción y el crimen organizado, pero requiere de una aceptación cultural, dado que aquí al arrepentido se lo desprecia y asimila al vulgarmente denominado “buchón”. En este sentido, el caso será paradigmático y de su resultado depende que pueda haber otros arrepentidos en esta materia, en el futuro. Es de esperar que el caso sea juzgado de manera ejemplar, con tanta imparcialidad para las partes como severidad. Y que contribuya a disminuir la impunidad que impera, en esta materia, en la Argentina. Por Enrique Valiente Noailles La Nación