01.02.22 // Presupuesto y Derechos Humanos (novedades)

Incentivos fiscales para las industrias extractivas: una política alejada de los principios de derechos humanos

Anualmente Argentina deja de recaudar un 3% del PBI por gastos tributarios regulados en condiciones de opacidad y secretismo: no se produce información confiable para conocer el costo real de estos gastos ni sus impactos socioambientales. Reducen los ingresos públicos entre un 10 y un 20% y, en conjunto, equivalen a un monto 4 veces mayor a la inversión en Asignaciones para Protección Social (Asignación Universal por Hijo/a y por Embarazo). Entre ellos se encuentra el régimen de promoción de la actividad minera, que significa una pérdida de recaudación de alrededor de 12.444 millones de pesos cada año.

Mientras que los programas de gastos directos –como las asignaciones familiares o las políticas alimentarias– tienen metas físicas, son revisados anualmente, suelen tener indicadores de resultados y ser auditados por organismos de control; los gastos tributarios permanecen a lo largo del tiempo sin que su impacto sea monitoreado y, en muchos casos, ni siquiera las autoridades que los implementan tienen acceso a información clave para su gestión. Ello se debe a que la AFIP aplica de forma restrictiva el secreto fiscal –un instituto anacrónico y contrario al derecho de acceso a la información pública– y se niega a brindar datos sobre los montos con que se benefician personas y empresas por aplicación de tratamientos impositivos diferenciales.

Argentina asumió compromisos de derechos humanos que le imponen la obligación de asegurar que su política fiscal sea socialmente justa y ambientalmente sostenible. Para ello, debe: a) fortalecer la capacidad redistributiva del sistema fiscal mediante reformas fiscales progresivas; b) evaluar, reducir y eliminar gradualmente los gastos tributarios dañinos para el ambiente como los dirigidos a apoyar la explotación minera y la explotación y el consumo de combustibles fósiles; c) adoptar un marco regulatorio específico para el fracking que incluya evaluaciones de impacto, presupuestos mínimos de prevención y consultas a las comunidades afectadas. Sin embargo, las prácticas y políticas públicas se contradicen con estos compromisos:

La Agencia Internacional de la Energía, en su hoja de ruta para la carbono neutralidad a 2050, indica que es necesario dejar de invertir en nuevos proyectos asociados a combustibles fósiles en 2021 para evitar el incremento de la temperatura global por encima de los 2°C. Argentina se fijó el objetivo de que las energías renovables no hidroeléctricas alcancen el 20 % de la combinación de energía para 2025, pero la matriz energética primaria total está dominada por el gas natural (55%) y el petróleo (33%), con la bioenergía contribuyendo en un 5%, y la energía hidroeléctrica y nuclear en un 3% cada una. 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo propuso a los Estados realizar una reforma por etapas, comenzando por identificar alternativas para reutilizar los subsidios a los combustibles fósiles de manera que reduzcan la pobreza y las desigualdades y demostró que la reutilización de estos subsidios alcanzaría para proporcionar un Ingreso Básico Temporal a todas las personas pobres de países de ingresos medios-bajos durante seis meses, y hasta dieciséis meses en los países de ingresos bajos. En este sentido, un trabajo realizado por UNICEN y FARN indica que si Argentina continuara con el nivel de subsidios a los combustibles fósiles –tanto directos como indirectos– proyectados al año 2045, se podrían cubrir los costos necesarios para la transición a una matriz de generación eléctrica 100% renovable para ese año. 

Todo lo anterior permite concluir que es necesario aumentar la participación de las fuentes de energía renovables en la matriz energética total, revisar y reducir los subsidios e incentivos a los combustibles fósiles. Para alcanzar estos objetivos, los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal ofrecen guías concretas en base a las cuales el Estado puede avanzar:

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