Sin categoría14.01.06
ACIJ / Sin categoríaEscándalo en la Justicia de Misiones (La Nación)
14/01/06
Marta Catella, integrante del Superior Tribunal, fue denunciada por un intendente rovirista. Diputados de la oposición y organizaciones no gubernamentales se quejaron ante la ONU.
”Ser juez y dictar fallos que perjudican al gobierno provincial o a dirigentes cercanos al poder parecen ser incompatibles en Misiones.”
Así reaccionó, con una mezcla de indignación y desencanto, la jueza del Supremo Tribunal misionero Marta Catella, que ayer fue suspendida en su cargo por la Legislatura provincial tras un veloz proceso de juicio político en su contra que puede terminar en destitución.
Otros dos casos recientes -el apartamiento de un juez penal de la investigación de un crimen que roza al poder provincial y la ofensiva contra un fiscal de Estado que denunció diversos casos de corrupción administrativa del gobierno de Carlos Rovira- motivaron la reacción legislativa y judicial de rechazo más allá de las fronteras provinciales.
Desde Buenos Aires, la oposición en la Cámara de Diputados y siete organizaciones no gubernamentales vinculadas con la Justicia alertaron sobre el “avasallamiento del Poder Judicial” por parte del gobierno de Rovira, una de las administraciones provinciales más cercanas al proyecto del presidente Néstor Kirchner.
El proceso
La jueza Catella fue denunciada por el intendente rovirista de San Vicente, Luis Benítez, a quien el Concejo Deliberante local había apartado de su cargo a fines de abril último. Benítez recurrió a la Corte provincial, que en principio había avalado el proceso, logró que la sentencia inicial fuera revocada, y volvió a su cargo en octubre. Pero el jefe comunal denunció a Catella por contradicción entre ambas sentencias, e impulsó el juicio.
Luego del 10 de diciembre último, y ya con mayoría rovirista (21 de los 35 legisladores), los diputados impulsaron el juicio político: el 27 del mes último admitieron el pedido (con 16 de los 18 integrantes de la comisión a favor), y el martes 10, en sesión extraordinaria de verano, la comisión investigadora emitió dictamen por unanimidad, aconsejando la acusación de la jueza. Anteayer, en otra sesión secreta, se hizo lugar a la acusación y se suspendió a Catella de su cargo hasta definir su situación.
Según la oposición y las ONG, semejante celeridad se explica en sentencias anteriores de Catella, quien le otorgó un diputado provincial y un concejal a la oposición en cumplimiento de la Constitución provincial, que reserva un tercio de la representación legislativa a la minoría. Con estos pasos -y según fuentes opositoras- se había convertido en una magistrada “molesta para el oficialismo”.
Un grupo de diputados nacionales de distintos partidos (ARI, UCR, Pro y el socialismo, entre otros) presentó en la Cámara baja un pedido de informes en el que expresa su preocupación por lo que consideran una “persecución política de los magistrados, vedada por las constituciones nacional y provincial”. Los diputados Adrián Pérez (Buenos Aires), Pablo Tonelli (Pro-Capital) y Mario Negri (UCR-Córdoba) son algunos de los firmantes del pedido, que también alerta sobre la “irregular” y reciente destitución del juez penal Horacio Alarcón, que investigaba el homicidio de una mujer en el que estaría involucrado el hijo de la diputada provincial Marlene Carvallo, cercana al gobernador Rovira.
También las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la justicia, ACIJ, CELS, ADC y Cippec, entre otras, se manifestaron contra “la grave situación que está atravesando la Justicia en la provincia de Misiones” y alertaron sobre un tercer caso: el fiscal de Estado, Llyod Wicström, a quien también le promovieron juicio político luego de denunciar por corrupción a funcionarios de Rovira. Las ONG elevaron una queja por escrito a Leandro Despouy, relator para la independencia de los jueces de las Naciones Unidas.
Benítez no respondió las llamadas de LA NACION, al igual que diputados provinciales oficialistas, quienes se excusaron de opinar durante el proceso de juicio político contra la jueza.
Con tono firme, Catella aseguró que las razones esgrimidas por Benítez para acusarla (los diputados le sumaron incumplimiento de deberes de funcionario público y delitos en ejercicio de su cargo) son sólo excusas. “Es ridículo. Me están haciendo juicio político por defender el derecho a defensa de Benítez”, afirmó a LA NACION la magistrada, que también es la titular del tribunal electoral provincial.
Las ONG coinciden con Catella y cuestionan partes importantes del proceso. “No fui notificada de la primera reunión, y cuando lo hicieron presenté un escrito en el que pedí poder defenderme públicamente y saber quiénes me juzgaban. Me contestaron que no tenía legitimidad para pedir estos pasos”, se indigna Catella.
“El juicio político no puede ser utilizado como herramienta de extorsión. El proceso fue absolutamente irregular”, afirmó la diputada Susana García (ARI-Santa Fe).
Catella anuncia que luchará por su inocencia. “Voy a recurrir a las instancias necesarias. Los jueces también tenemos derechos humanos”, ironiza.
Por Jaime Rosemberg
Con la colaboración de César Sánchez Bonifato
”Ser juez y dictar fallos que perjudican al gobierno provincial o a dirigentes cercanos al poder parecen ser incompatibles en Misiones.”
Así reaccionó, con una mezcla de indignación y desencanto, la jueza del Supremo Tribunal misionero Marta Catella, que ayer fue suspendida en su cargo por la Legislatura provincial tras un veloz proceso de juicio político en su contra que puede terminar en destitución.
Otros dos casos recientes -el apartamiento de un juez penal de la investigación de un crimen que roza al poder provincial y la ofensiva contra un fiscal de Estado que denunció diversos casos de corrupción administrativa del gobierno de Carlos Rovira- motivaron la reacción legislativa y judicial de rechazo más allá de las fronteras provinciales.
Desde Buenos Aires, la oposición en la Cámara de Diputados y siete organizaciones no gubernamentales vinculadas con la Justicia alertaron sobre el “avasallamiento del Poder Judicial” por parte del gobierno de Rovira, una de las administraciones provinciales más cercanas al proyecto del presidente Néstor Kirchner.
El proceso
La jueza Catella fue denunciada por el intendente rovirista de San Vicente, Luis Benítez, a quien el Concejo Deliberante local había apartado de su cargo a fines de abril último. Benítez recurrió a la Corte provincial, que en principio había avalado el proceso, logró que la sentencia inicial fuera revocada, y volvió a su cargo en octubre. Pero el jefe comunal denunció a Catella por contradicción entre ambas sentencias, e impulsó el juicio.
Luego del 10 de diciembre último, y ya con mayoría rovirista (21 de los 35 legisladores), los diputados impulsaron el juicio político: el 27 del mes último admitieron el pedido (con 16 de los 18 integrantes de la comisión a favor), y el martes 10, en sesión extraordinaria de verano, la comisión investigadora emitió dictamen por unanimidad, aconsejando la acusación de la jueza. Anteayer, en otra sesión secreta, se hizo lugar a la acusación y se suspendió a Catella de su cargo hasta definir su situación.
Según la oposición y las ONG, semejante celeridad se explica en sentencias anteriores de Catella, quien le otorgó un diputado provincial y un concejal a la oposición en cumplimiento de la Constitución provincial, que reserva un tercio de la representación legislativa a la minoría. Con estos pasos -y según fuentes opositoras- se había convertido en una magistrada “molesta para el oficialismo”.
Un grupo de diputados nacionales de distintos partidos (ARI, UCR, Pro y el socialismo, entre otros) presentó en la Cámara baja un pedido de informes en el que expresa su preocupación por lo que consideran una “persecución política de los magistrados, vedada por las constituciones nacional y provincial”. Los diputados Adrián Pérez (Buenos Aires), Pablo Tonelli (Pro-Capital) y Mario Negri (UCR-Córdoba) son algunos de los firmantes del pedido, que también alerta sobre la “irregular” y reciente destitución del juez penal Horacio Alarcón, que investigaba el homicidio de una mujer en el que estaría involucrado el hijo de la diputada provincial Marlene Carvallo, cercana al gobernador Rovira.
También las organizaciones no gubernamentales vinculadas con la justicia, ACIJ, CELS, ADC y Cippec, entre otras, se manifestaron contra “la grave situación que está atravesando la Justicia en la provincia de Misiones” y alertaron sobre un tercer caso: el fiscal de Estado, Llyod Wicström, a quien también le promovieron juicio político luego de denunciar por corrupción a funcionarios de Rovira. Las ONG elevaron una queja por escrito a Leandro Despouy, relator para la independencia de los jueces de las Naciones Unidas.
Benítez no respondió las llamadas de LA NACION, al igual que diputados provinciales oficialistas, quienes se excusaron de opinar durante el proceso de juicio político contra la jueza.
Con tono firme, Catella aseguró que las razones esgrimidas por Benítez para acusarla (los diputados le sumaron incumplimiento de deberes de funcionario público y delitos en ejercicio de su cargo) son sólo excusas. “Es ridículo. Me están haciendo juicio político por defender el derecho a defensa de Benítez”, afirmó a LA NACION la magistrada, que también es la titular del tribunal electoral provincial.
Las ONG coinciden con Catella y cuestionan partes importantes del proceso. “No fui notificada de la primera reunión, y cuando lo hicieron presenté un escrito en el que pedí poder defenderme públicamente y saber quiénes me juzgaban. Me contestaron que no tenía legitimidad para pedir estos pasos”, se indigna Catella.
“El juicio político no puede ser utilizado como herramienta de extorsión. El proceso fue absolutamente irregular”, afirmó la diputada Susana García (ARI-Santa Fe).
Catella anuncia que luchará por su inocencia. “Voy a recurrir a las instancias necesarias. Los jueces también tenemos derechos humanos”, ironiza.
Por Jaime Rosemberg
Con la colaboración de César Sánchez Bonifato